FUENTE: Otros Mundos Chiapas
Este jueves 27 de noviembre de 2014, se cumplieron cinco años desde el asesinato del activista antiminero chiapaneco Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA). Hacía dos años que estaba luchando contra la empresa canadiense Blackfire, dueña de una mina de barita en el ejido de Grecia en su municipio de Chicomuselo (zona frontera), en el medio de la Sierra Madre de Chiapas, cuando fue matado el 27 de noviembre de 2009 a las ocho y veinte de la noche frente a su casa por trabajadores de dicha compañía. Hoy, ningún de los autores materiales e intelectuales se encuentra en la cárcel.
En el marco de este triste aniversario, la familia de Mariano dio una conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, frente al Palacio de Gobierno de Chiapas, para exigir de las autoridades estatales y federales, así como a las autoridades canadienses, que por fin se haga justicia. Estaban presentes el hermano de Mariano, Uriel Abarca Roblero, la esposa del activista Mirna Montejo Gordillo, y dos de sus hijos, Mariano y José Luis Abarca Montejo. Los acompañaba Molena León, integrante de la Alianza Sierra Madre, dedicada a la preservación del medio ambiente y opuesta a la lucha contra el despojo minero en la Sierra Madre de Chiapas. La rueda de prensa, a la cual asistieron unos y unas cincuenta periodistas, fue organizada por Otros Mundos A.C., miembro de la REMA, quien apoyó a Mariano en su resistencia contra la minera Blackfire y acompaña el combate legal de su familia desde de su muerte.
“Después de cinco años, nos encontramos aquí otra vez pidiendo justicia para el asesinato de Mariano Abarca”, dijo el director de Otros Mundos A.C. Gustavo Castro Soto al iniciar la conferencia. “En el país, se está dando mucha represión y total intolerancia a cualquier acción por parte de la sociedad civil organizada, que exige respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y también a la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros ríos y de nuestros alimentos”, explicó, advirtiendo que con las reformas energéticas de Enrique Peña Nieto, la violencia hacia los defensores de la Madre Tierra como Mariano Abarca irá creciendo.
“En los últimos días, enviamos una carta dirigida al presidente de la República Enrique Peña Nieto y al Gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello así como a las autoridades canadienses, al ministro de Relaciones exteriores y al ministro de Justicia de ese país. Esta carta ha sido firmada y enviada por 256 personas (actualización: 266) provenientes de 27 países diferentes”, declaró José Luis Abarca Montejo, leyendo el comunicado conjunto de la familia Abarca, la Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), que él mismo preside, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos A.C. y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4).
“Jamás se llevó a cabo una investigación plena e imparcial para identificar y castigar a todos los responsables. Blackfire también esta bajo investigación por corrupción del ex presidente municipal de Chicomuselo Julio Cesar Velázquez Calderón por haber estado dando pagos directos a su cuenta bancaria personal”, denunciaron en el comunicado. “Los procesados por el asesinato han sido liberados de la cárcel mientras las responsabilidades de otras personas vinculadas a la empresa y al estado que pudieron haber sido involucradas en el asesinato nunca fueron investigados con cabalidad. Se señaló que por lo menos 13 personas, todas vinculadas con la empresa, deberían haber sido incluidas en tal investigación”, continuaron.
“La demanda presentada en la Controlaría del estado de Chiapas en el 2010 contra el ex presidente municipal por recibir recursos económicos de la empresa canadiense Blackfire en su cuenta sin comprobar su destino, no ha sido respondida”, precisaron. En el mismo texto, anunciaron que iban a llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En Canadá, las ONGs Common Frontiers Canada y MiningWatch Canada están apoyando a la familia Abarca. Hacen parte de las nueve organizaciones que presentaron en marzo de 2010 una demanda ampliamente documentada contra Blackfire ante la policía federal de Canadá (RCMP) sobre violaciones a una ley canadiense llamada Ley sobre Actos para Corromper a Autoridades Públicas Extranjeras (CFPOA en inglés), por haber entregado dinero al ex edil de Chicomuselo. En marzo de este año, reiteraron esta demanda, recordando que Velázquez Calderón había recibido 20,000 dólares canadienses (244,000 pesos) de parte de la empresa.
“La empresa minera canadiense Blackfire se ha comportado de manera irresponsable si no criminal en Chiapas. Dado que Canadá es un actor fundamental en las actividades mineras a escala mundial, existe una necesidad urgente de poner un alto a la impunidad empresarial con la que las compañías mineras canadienses como Blackfire operan”, expresó el portavoz de Common Frontiers Canada y MiningWatch Canada, Rick Arnold, en otro comunicado leído durante la rueda de prensa. Las dos ONGs exigen “que el gobierno de Canadá inmediatamente anuncie el establecimiento de una oficina de Ombudsman con la capacidad de investigar las actividades mineras internas y en el extranjero y de imponer sanciones de ser necesario” y proponen “firmemente al parlamento de Canadá que debata y promulgue la Iniciativa C-323 (que facultaría a los tribunales federales canadienses fallar en casos de demandas por violaciones al derecho internacional cometidas fuera de Canadá) lo mas antes posible”.
Cabe recordar que en junio de este año, el caso de Mariano Abarca fue presentado ante el Tribunal Popular de los Pueblos en Montreal, Canadá, durante una sesión especial dedicada a los impactos de la minería canadiense en América Latina. En el veredicto final, el jurado compuesto de ocho representantes de organizaciones canadienses, peruana, francesa, española e italiana, declaró a la empresa Blackfire culpable de violación del derecho a la vida por su implicación en el asesinato de Mariano Abarca, y de corrupción de agente público. Pero esta condenación simbólica no se tradujo en el ámbito penal.
Cuatro personas fueron encarceladas por el asesinato de Mariano Abarca desde 2009, pero todas fueron liberadas. Una de ellas es Ricardo Antonio Coutiño Velasco, “sobrino del actual gobernador de Chiapas Manuel Velasco”, preciso José Luis Abarca Montejo. Él trabajaba para la empresa Blackfire como contratista en Chicomuselo y es sospechado de haber participado al asesinato. Caralampio López Vazquez, quién también era empleado por la Blackfire en 2009, fue detenido por su involucración en el asesinato pero luego liberado y trabaja ahora como guarda espalda del actual presidente municipal de Chicomuselo, Raúl Fuéntes Gutiérrez.
Fue detenido también Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, quien quedo en libertad hace un año y que, al igual que Coutiño Velasco y López Vásquez, es sospechado de ser uno de los autores materiales del crimen. En cuanto a Luis Antonio Flores Villatoro, gerente en relaciones publicas de la empresa Blackfire en esa época, fue detenido en febrero de este año por su presunta responsabilidad intelectual en el asesinato. Fue él quien mandó a Mariano a la cárcel en 2009 después de haber interpuesto una demanda contra él a nombre de la empresa. Pero fue liberado dos días después de haber sido encarcelado.
La familia Abarca Montejo recibió varias amenazas estas las últimas semanas, “por parte de trabajadores quienes quieren reabrir la mina, tantos empresarios como gente propiamente del pueblo”, informó José Luís Abarca Montejo. Su tío, Uriel Abarca Roblero, está preocupado por la multiplicación de estas amenazas que enfrenta la familia y en particular José Luís, quien radica en Chicomuselo donde retomó la lucha de su padre para la defensa del medio ambiente en su municipio.
“Los asesinos intelectuales y materiales y los que estuvieron involucrados en este asesinato hace cinco anos están viviendo y operando en el municipio de Chicomuselo, directamente en la cabecera municipal, entonces hay actos de provocación hacia la familia de Mariano Abarca”, dijo Uriel. “Si pedimos la justicia al gobierno es porque no queremos caer también nosotros en la tentación de que haya enfrentamientos allí en el municipio de Chicomuselo”, continuó. Además, “estos autores materiales e intelectuales están queriendo nuevamente reabrir las minas”, denunció Uriel, según quien “es necesario parar tanta contaminación en el estado de Chiapas”. “La lucha de Mariano sigue !”, concluyó.
LEER carta dirigida a las autoridades mexicanas y canadienses
Últimas entradas:
Comunidad Cinco de Marzo denuncia hostigamiento y amenazas de desalojo
Pueblo Creyente denuncia nuevas amenazas contra el párroco de Simojovel
A dos meses del asesinato de Berta, personalidades se suman para exigir justicia
#CHIAPAS @CdhFrayba Nuevas amenazas de agresiones y #DesplazamientoForzado a pobladores de Primero de Agosto