Este Centro de Derechos Humanos (Frayba), denuncia la omisión y complicidad del estado de Chiapas, ante el desplazamiento forzado de 57 personas tojolabales de la comunidad Primero de Agosto, quienes desde hace un mes se encuentran en vulnerabilidad, amenaza y riesgo de una nueva agresión por integrantes de la Organización Central Independiente Obrera Agrícola Campesina Histórica, (CIOAC-H).

El gobierno de Manuel Velasco no ha asumido su responsabilidad y compromisos adquiridos frente a las familias desplazadas, al contrario, ha proporcionado protección gubernamental a los miembros de la CIOAC-H, misma que se comprueba con la impunidad en que se encuentran todas las denuncias penales realizadas por las agresiones recibidas. Hechos denunciados desde el 9 de mayo del 2014, por homicidio en grado de tentativa y daños ocasionados en las bienes en el poblado. Posteriormente la CIOAC-H perpetro daños, despojo, robo con violencia el 17 de diciembre del 2014, y por último los hechos ocurridos el día 23 de febrero del 2015 desembocaron en el desplazamiento forzado, a pesar de que funcionarios del gobierno de Chiapas sabían de las agresiones y amenazas de desplazamiento. Hasta el momento las autoridades encargadas de procurar justicia no han esclarecido los hechos ni consignado a persona alguna por los ilícitos mencionados.

Actualmente este Centro de Derechos Humanos, cuenta con información documental de que existe una nueva amenaza que atenta contra la vida de Antonio Roman López, a quien líderes de la CIOAC- H, han señalado en presencia de integrantes del Frayba y de autoridades estatales, como el responsable y dirigente de los pobladores. Asimismo se ha amenazado a las familias de Primero de Agosto de un nuevo desplazamiento del lugar donde se encuentran. De concretarse dicha acción, hacemos responsable al gobierno municipal y estatal, quien de forma privada y pública tiene conocimiento pleno de lo que acontece en relación al desplazamiento forzado y sus condiciones que atentan contra la dignidad de las personas.

Por último denunciamos el ejercicio falaz de los gobiernos en cuanto a la protección y garantía de los derechos humanos, tal y como es la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, la cual carece de aplicación y es letra muerta, que en su contenido reconoce Derechos Fundamentales de las personas desplazadas en el estado, misma que no ha sido aplicada desde su publicación en el Periódico Oficial del estado de Chiapas en febrero del 2012.

 
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