Pronunciamiento del Foro «Análisis y Construcción de Alternativas: Tenencia, Uso y Usufructo de la Tierra para las Mujeres»

A las mujeres y los pueblos de México que resisten
frente al sistema capitalista neoliberal y patriarcal.
A las organizaciones municipios y localidades indígenas, campesinas y populares de Chiapas y de todo el país.
A las y los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Al pueblo en general
A los medios libres, alternativos, autónomos.
A los medios y la prensa nacional e internacional.
Convocadas por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C. adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, trescientas mujeres representantes de ejidos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y de otros lugares del país, reunidas en el foro “Análisis y Construcción de Alternativas: Tenencia, Uso y Usufructo de la Tierra para las Mujeres”, del 24 al 26 de julio en San Cristóbal de las Casas, acompañadas de hombres solidarios, analizamos los problemas y la violencia que, como pueblos rurales y urbanos, vivimos ante la crisis económica y las inversiones neoliberales que el mal gobierno ha traído a nuestras tierras y territorios.
Vemos necesaria y urgente la defensa de nuestras tierras y territorios, porque son los lugares donde vivimos y convivimos con los ancestros, las plantas, las flores, los animales, las montañas, ríos y lagos etc.
El territorio es nuestra madre tierra, es el lugar dónde nacen y crecen nuestros hijos e hijas, donde crecieron y murieron nuestros ancestros los abuelos y las abuelas. Para nosotras es vida, la tierra nos da alimento, casa, agua, sol e identidad comunitaria. De ella y en ella vivimos y trabajamos, por eso la cuidamos y la defendemos. Sabemos que si nos despojan de la tierra y el territorio van a morir las montañas, los animales, las plantas, los ríos, el aire.
Mientras que nosotras y nuestras familias quedamos esclavizados a los intereses del sistema capitalista neoliberal patriarcal y el proyecto de muerte que ejecuta a través de los malos gobiernos, que ven a nuestras tierras y territorios sólo como mercancías.
Las y los asistentes a este Foro, denunciamos que en los territorios donde vivimos se están promoviendo proyectos petroleros, mineros, ecoturísticos, eólicos, hidroeléctricos, de infraestructura carretera y aeroportuaria, de saqueo de nuestras plantas y conocimientos tradicionales; así como la exploración en los territorios indígenas –sin consulta ni autorización, para identificar y aprovechar nuestros bienes naturales. Proyectos que implican el despojo de nuestros territorios y bienes comunes, así como el desplazamiento forzado, ilegal e injusto del espacio en que convivimos, trabajamos y recreamos nuestra cultura e identidad y que son bienes de todas los y las mexicanas, no de los gobiernos que modifican las leyes a su favor y en beneficio de las empresas y grandes comerciantes.
Para lograr que el gran capital transnacional o nacional se apodere y lucre con nuestros bienes y territorios, instituciones del gobierno federal y estatal, como: la Procuraduría Agraria, Semarnat, Sagarpa, Conafor y la Secretaría de Turismo están utilizando además de nuestra exclusión histórica de nuestro derecho de mujeres a la tierra y la participación política, diversas estrategias para lograr la imposición de estos proyectos, como se denunció en el Foro:
a) Haciendo presiones a los ejidatarios y comuneros para aceptar la titulación individual de sus tierras, facilitando así el “convencimiento” individual para la venta o renta de las mismas, ejemplo de esto se ha dado en el Ejido Aguacatenango donde además las tierras excedentes del perímetro ejidal que históricamente se habían reconocido como parte de la comunidad son ahora reclamadas como propiedad de la nación.
b) Criminalizando las luchas de resistencia y tergiversando su discurso y significado a través de los medios de comunicación, como sucede en Atenco, Estado de México.
c) Haciendo falsas y dudosas promesas como que habrá obras en beneficio de la comunidad, fuentes de empleo e ingreso, nuevos recursos de programas oficiales como Oportunidades; o bien condicionando los apoyos actuales del gobierno federal y estatal como el Pro-Agro (antes Procampo) para que la gente acepte las propuestas, como expresaron los testimonios de Atenco, Chicomuselo, Chilón, Pijijiapan y Ejido Los Llanos.
d) Obligando a las comunidades a rentar sus tierras y aceptar la reconversión productiva, el uso de transgénicos y la siembra de monocultivos para producir agrocombustibles. Así mismo ha impuesto nuevas técnicas que requieren grandes cantidades de agua, así como agroquímicos y fertilizantes cada vez más contaminantes, como sucede en los invernaderos para la producción industrial de tomate en Amatenango del Valle.
e) Presionando a las comunidades para abandonar su territorio con el argumento de proteger los recursos naturales aunque las comunidades hayan ocupado dichos territorios con anuencia del gobierno y los hayan cuidado históricamente, como en Montes Azules y como sucedió previamente a los 44 desalojos que ha habido sólo en esa zona.
f) Cooptando y comprando a líderes y autoridades municipales, campesinas, ejidales y comunitarias, con el fin de que autoricen la introducción de proyectos, sin la consulta previa e informada de los pueblos, como ejemplificaron las compañeras de: Chicomuselo, Ejido Aguacatenango, Chilón, Huitiupan, Pijijiapan, Arriaga y Tonalá
g) Militarizando los territorios y reprimiendo a los movimientos de resistencia a través de tortura sexual, amenazas, terror, instalación de retenes militares, detenciones, encarcelamiento y asesinatos de dirigentes para que los proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos y de infraestructura de comunicaciones, etc. se concreten. Ejemplos de esto son: el asesinato de Mariano Abarca de Chicomuselo, donde también se han librado órdenes de aprehensión contra mujeres que han impulsado la resistencia; o en Atenco y otros lugares.
h) Trazando proyectos carreteros que atraviesan muchas comunidades y territorios indígenas y campesinos, entre ellos territorio de bases de apoyo zapatista.
i) Aprovechando las tensiones entre o al interior de las comunidades, creando y administrando conflictos que favorecen a una de las partes, promoviendo la disputa de tierras, en lugar de promover el diálogo y el acuerdo entre ellas, con el fin de debilitar la unidad, la resistencia campesina y cooptar población como han hecho en Atenco, en La Candelaria, municipio de Venustiano Carranza (Chiapas) y en muchas comunidades más.
j) Fraccionando la colectividad a través de programas oficiales dirigidos a individuos o grupos muy pequeños debilitando la unidad y la soberanía de la comunidad, incluyendo la capacidad colectiva de alimentarse, como denunciaron las compañeras de los municipios de Comitán, Las Margaritas, La Trinitaria y muchos otros.
k) Apropiándose de los conocimientos sobre las medicinas tradicionales y propiedades alimenticias de raíces y plantas, utilizando nuestros saberes ancestrales para patentarlos como productos mercantiles. Las compañeras de San Miguel Caxanil denunciaron la violencia con la que las instituciones oficiales están realizando un inventario nacional forestal en favor de este despojo.
Mediante estas acciones, intervenciones y estrategias se están violentando nuestros derechos, mencionamos en primer lugar, nuestro derecho como mujeres al uso y usufructo de la tierra, violentado a través de las políticas públicas y reglamentos que sólo reconocen a los hombres como propietarios o titulares. Otra violación constante es a nuestro derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y cuando las hacen no convocan a las mujeres. Además estas estrategias trasgreden nuestros derechos: a la salud, a la alimentación, al agua, al territorio, a la cultura e identidad indígena, a la igualdad, a la no discriminación; etc., que el Estado debe proteger y garantizar según lo establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga también a observar como parte de la normatividad interna los derechos reconocidos en los tratados Internacionales de Derechos Humanos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración de los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
Estas violaciones a nuestros derechos tienen graves efectos en nosotras y nuestras comunidades, entre ellos mencionamos que:
• Atentan contra la base territorial productiva, social, política, cultural y espiritual de las comunidades. Por tanto atenta contra la vida misma de la comunidad, sus prácticas colectivas y solidarias, así como su soberanía alimentaria.
• Destruyen la biodiversidad, la cultura productiva, la relación respetuosa con la naturaleza que hemos mantenido durante siglos.
• Profanan nuestros sitios sagrados al considerarlos como una mercancía.
• Cometen crímenes de lesa humanidad con el desplazamiento forzado de miles de pobladores de las comunidades afectadas.
• Profundizan el empobrecimiento, la exclusión y marginación social, en contra de la vida comunitaria y la seguridad sometiendo especialmente a las mujeres a grandes cargas de trabajo, al desgaste de su salud física y emocional y a la explotación sexual y laboral.
• Colocan a las mujeres en una mayor dependencia y subordinación no sólo de los hombres sino del estado, apropiándose de sus cuerpos, tiempos, decisiones y toda su vida, utilizándolas para controlar a la población y evitar así las protestas y las insubordinaciones sociales y políticas.
• Aumentan la inseguridad económica, social, laboral, física, colocando a las mujeres en estados de estrés y angustia permanentes, que aumentan su vulnerabilidad a la violencia y profundizan sus subordinaciones.
• Fomentan a través del mercado, el alcoholismo y las adicciones, así como el narcotráfico y el resto de la industria roja, sobre todo en los hombres. Que a la vez se refleja en el aumento de la violencia feminicida y los feminicidios.
Por todo lo anterior acordamos exigir:
a) Que el gobierno deje de servir a los intereses del capital y a las imposiciones norteamericanas, de los otros países ricos y de los organismos internacionales de desarrollo y seguridad. Que gobierne para los pueblos como marca la constitución.
b) Deje de vender nuestro país, nuestros territorios no son una mercancía, es el lugar dónde vivimos, es nuestra casa y la de nuestra familia y ancestros. Es dónde trabajamos para vivir y alimentarnos.
c) Nos reconozca a los pueblos indígenas y campesinos y en específico a las mujeres como seres humanos con derecho a vivir dignamente, con respeto a nuestras culturas.
d) Derogue las leyes que legalizan el despojo de los pueblos indígenas y campesinos porque son contrarias a las leyes internacionales que el mismo gobierno ha firmado, y al espíritu del artículo primero constitucional.
e) Detener el desarrollismo contrainsurgente y la violencia paramilitar hacia las comunidades zapatistas, así como los engaños, abusos, argucias legales y demás estrategias de imposición de los proyectos neoliberales.
f) Detener las inversiones y la ocupación de nuestros territorios por parte de las empresas nacionales y transnacionales, que están ocasionando delitos de lesa humanidad, como la empresa Monsanto, que además de provocar enfermedades y muertes están creando una dependencia de las semillas transgénicas y la consecuente contaminación y desaparición de las semillas criollas.
g) Que las autoridades políticas y agrarias a nivel federal, estatal y comunitario respeten nuestro derecho a la tenencia, uso y usufructo de la tierra y nuestro derecho a participar en las decisiones sobre la tierra y el territorio, sin pretextar su incumplimiento basándose en los usos y costumbres.
Ante esto, hemos decidido organizar un movimiento amplio de mujeres, uniendo nuestra fuerza a las organizaciones y pueblos en resistencia para exigir nuestro derecho como mujeres a la tierra y defender nuestros territorios.
Por último, hacemos un llamado a todas las mujeres indígenas, campesinas y urbanas de Chiapas y del País a defender nuestro derecho a la tierra y territorio, participando en la toma de decisiones. Hacemos también un llamado a toda la población a sumarse a nuestras exigencias, a organizarse y unir fuerzas para detener la ofensiva del capitalismo neoliberal patriarcal que, con apoyo del gobierno, amenaza con despojar a los pueblos campesinos de nuestros bienes naturales y culturales en beneficio de las empresas nacionales y trasnacionales, atentando contra todas las formas de vida.