Jorge Mario González García es un joven de 21 años que fue detenido arbitrariamente el pasado dos de octubre, antes de llegar a la manifestación para conmemorar la masacre de Tlatelolco ocurrida en 1968. El activista universitario mantiene —desde hace 50 días— una huelga de hambre para exigir su liberación, por lo que su salud se ha deteriorado, y a pesar de que se pagó la fianza determinada desde hace más de un mes, la Juez Trigésimo Primero de Paz Penal, Marcela Ángeles Arrieta, le ha negado su libertad.

“Es un gran ejemplo para mí como madre. Jorge está muy preocupado por su pueblo, es un gran ser humano; un luchador social; no es una persona violenta, ni un delincuente; no es una persona que dañe a la sociedad. Le gusta leer mucho, me compartía sus lecturas y le importaba que sus compañeros en la escuela también leyeran: él es Jorge Mario González García, mi hijo”, asegura Patricia García Catalán, en entrevista con Regeneración Radio.

Mario está delgado, pero continúa con su huelga; mientras, las autoridades reflejan indiferencia e insensibilidad, sostiene Patricia, y con lágrimas en los ojos e indignación en sus palabras, agrega que han sufrido, tanto ella como su hijo, irregularidades en el reclusorio Oriente, con la juez Ángeles Arrieta, e incluso con el personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

“En el reclusorio lo hacen bajar tres veces al día a pasar lista sabiendo que se marea. No lo dejaban hacer llamadas, no le suministran el agua; además, lo dejaron sin luz una semana y los técnicos lo amenazaban y chantajeaban”, explica, y añade que, a modo de burla sobre la huelga de hambre, el director de prevención de la prisión, Víctor Manuel Mora Echeverría, le comentó que en semanas pasadas se comió un chocolate con Mario:

“Le pusieron unas galletas y un chocolate en las manos, y le tomaron una foto para alegar que no llevaba su huelga de hambre. Él no podría comer nada sólido por el estado de sus intestinos”, narra Patricia indignada. Su molestia es visible por lo que tienen que vivir.

A decir de la madre, la juez Ángeles Arrieta es una persona prepotente, déspota, grosera. Una funcionaria que, con una sonrisa en los labios, pospuso un mes la audiencia del joven anarquista, porque se le olvidó notificar a los policías que tenían que ir a declarar ese día. Dijo: “tenemos tiempo”; no obstante, ya estaba advertida  —días antes se le entregó un oficio— sobre la huelga de hambre.

A las acciones de la juez se suman las del personal de la CDHDF. Elvia Trejo Calderón, visitadora adjunta de la comisión y a quien corresponde el caso de Mario, dijo a Patricia: “Señora, deje de estar molestando, hablando diario, su hijo no es el único, ya le dije que está bien”. En teoría, a la funcionaria se le deben reportar las anomalías dentro del reclusorio. Tampoco informa a los familiares los resultados de las atenciones médicas.

“Su delito fue venir en un microbús a las 3:30 de la tarde, con un celular y unas llaves, es lo único, ese es su delito”, espeta Patricia antes de lanzar un mensaje para su hijo: “Jorge Mario, no estás solo. Hasta la victoria. Vas a salir de allí, ¡que caigan los muros de las prisiones!”.

El deterioro del cuerpo de Mario

En entrevista con Regeneración Radio, el Dr. Guillermo Selvas —activista y ex preso político— asegura que la huelga de hambre ha ocasionado un deterioro importante en el organismo de Mario, quien se mantiene con vida debido a sus reservas de grasa; sin embargo, advierte, llegará el momento en que las condiciones en las que se encuentra ocasionen su muerte o un infarto debido a la pérdida o ganancia de potasio.

A pesar del diagnóstico del Dr. Selvas (como se le conoce entre los luchadores sociales) y luego de que un observador de derechos humanos le ofreciera trasladarlo a un hospital para una mayor atención, Mario se mantuvo firme en su decisión: “Yo no me puse en huelga de hambre para que me lleven a un hospital, me puse en huelga de hambre porque quiero mi libertad. Yo no soy un delincuente”, contestó, y entregó un oficio en el que se negaba al traslado.

No obstante, el viernes 22 de noviembre, las autoridades del Reclusorio Oriente lo trasladaron al Hospital de Tepepan, nosocomio ubicado al sur de la ciudad de México cuyos servicios son exclusivos para reos del Distrito Federal: “Mario fue trasladado al hospital sin su consentimiento. No lo trasladaron en una ambulancia, sino en una ‘perrera’ en la que trasladan a los presos cuando los detienen”, explica el Dr. Selvas.

Ya en Tepepan, donde pudo hablar con él dos minutos, Mario le comentó: “me siento débil, mareado y desubicado a momentos”. De acuerdo con Selvas, aunque por el momento desconoce cómo va a reaccionar el organismo del joven activista, después de la huelga puede haber secuelas y daños que pueden ser neuronales, nutricionales, musculares e inclusive discapacidad sexual, intelectual y/o motriz.

“A las autoridades no les importa que muera Mario, no tienen sensibilidad. Él nos está dando una clase de dignidad y de vida a todos, para que no seamos tan pendejos y agachones, ahora ya no podemos marchar, marchan más granaderos y agentes del gobierno”, sostiene el médico.

Irregularidades jurídicas

En la causa penal 378/2013, los dos policías que acusan a Mario refieren que el dos de octubre alcanzaron a ver cómo un grupo de jóvenes tomaron violentamente un camión en la calle José María Izazaga y arrojaron explosivos (petardos) que hirieron a varias personas y provocaron daños en locales y automóviles. Sin embargo, el grupo de chicos en el que iba el activista, abordó el camión y pagó sus pasajes en la parte posterior del estadio de Ciudad Universitaria.

Lizbet Lugo, abogada de la Liga de Abogados 1 de Diciembre, organización que lleva el caso de Mario, describe el proceso como irregular y relata que la liga pidió una inspección judicial en el lugar de los hechos y que ésta arrojó que no existe evidencia alguna de explosión de artefactos. También se pidió como evidencia revisar los videos de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), los cuales no fueron otorgados ya que fueron borrados. La defensa los solicitó a las 48 horas de los supuestos actos y los videos fueron eliminados a las 72 horas. Luego de esto, la juez dictó la fianza para que Mario y otros seis presos del Reclusorio Oriente, detenidos también el dos de octubre, obtuvieran su libertad e incluso aceptó la póliza de la fianza; no obstante, Mario fue aprehendido nuevamente apenas se dirigía hacia la puerta del penal el ocho de octubre.

Uno de los argumentos que ofreció la juez para su reaprehensión fue la variación de nombre que tenía en el proceso y lo señaló, además, como una persona con peligrosidad social. Al respecto, la abogada Lizbet afirma que eso sólo puede determinarse mediante estudios psicológicos y criminológicos, esto para comprobar en qué delitos ha participado la persona y su posible reincidencia. Nunca se hicieron esos estudios.

Una detención por motivos políticos

Abrir espacios para la organización estudiantil; iniciar el proyecto de una radio; participar en una biblioteca; intentar un comedor subsidiado, y emprender la lucha contra el proceso de actualización del plan y los programas de estudio del sistema del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM, también llamado la “reforma de los 12 puntos”, fueron los motivos para que a Mario y sus compañeros del CCH Naucalpan se les amenazara y hostigara.

“La educación no es una mercancía, debe ser gratuita”, expone el activista José Luis Alcántara al referirse a las “reformas”. De acuerdo con los estudiantes, los cambios que se plantean atentan contra la educación y no toman en cuenta a la comunidad estudiantil. Emprendida la lucha, Mario fue expulsado injustificadamente del CCH Naucalpan y fue golpeado cuando trató de ingresar al plantel. Entonces, comenzó su labor en la Coordinadora General de los CCH´s, la cual instaló un plantón en la Rectoría de la UNAM como método de protesta.

Días antes de la detención del activista, la Rectoría mandó un oficio —firmado por el abogado general de la Universidad, Luis Raúl González Pérez— dirigido a Jorge Mario González, José Luis Ramírez Alcántara, Irene Villegas y al propio Mario, en el cual se advertía a los activistas que desalojarán el plantón o el personal de la universidad lo haría y la situación jurídica de los cuatro jóvenes se iba a complicar.  Semanas antes, las autoridades universitarias les ofrecieron becas en escuelas privadas, así como quitar las demandas levantadas en la Procuraduría General de la República (PGR) contra ellos. Los jóvenes se negaron.

A decir de Miguel García, profesor de la de la Facultad de Ciencias y miembro de la Asamblea Universitaria Académica, a Mario “el sistema penitenciario con su perversidad lo tortura, golpea y amenaza de muerte: criminaliza. Es un mensaje a quien se oponga a estas reformas”.

Por otro lado, organizaciones como la Cruz Negra Anarquista (CNA), hacen un llamado a continuar la lucha y la solidaridad para lograr la libertad de Mario: “Es muy importante que no lo abandonemos en estos momentos, ya que es una situación de vida o muerte”.