(Preaudiencia “Despojo y envenenamiento de las comunidades por minería y basura”)

Nosotros y nosotras, representantes de diversas comunidades de México, nos hemos reunido para denunciar al Estado mexicano en la preaudiencia sobre “Despojo y envenenamiento de las comunidades por minería y basura”, los días 21, 22 y 23 de junio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

           Defendiendo las tierras que nos han heredado nuestros abuelos, alzamos hoy nuestras voces en defensa de nuestro territorio y nuestras vidas en contra de quienes nos despojan y ocupan nuestros pueblos, explotan nuestras riquezas naturales y contaminan el medio ambiente.

            Ante la destrucción de la economía nacional, la devastación ambiental del país y el desmantelamiento del Derecho y de las instituciones construidas sobre las bases del constitucionalismo social, frente a la negación y destrucción de los derechos conquistados por los movimientos populares, ante la ausencia de medios adecuados para acceder efectivamente a la justicia, viviendo la desregulación jurídica impuesta por el libre comercio y sufriendo la privatización y el despojo de todo tipo de bienes comunes perpetrado por el propio Estado en beneficio de unos cuantos, hemos presentado nuestros testimonios y denuncias, con pruebas suficientes que las respaldan y dan prueba de la destrucción, la violación sistemática de nuestros derechos, el desvío de poder por el Estado para entregar nuestras tierras, recursos naturales estratégicos y bienes a grandes empresas y gobiernos extranjeros, a costa de nuestra salud, nuestras vidas, medio ambiente e historia.

             Sin consultar a nuestras comunidades, las empresas mineras, las que manejan la basura, así como los basureros de todo tipo han tenido un crecimiento explosivo en México durante los últimos años, como resultado de la reforma al artículo 27 de la Constitución y de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.

            Nos damos cuenta que los basureros se multiplican y están saturando nuestros territorios, no sólo con la basura doméstica tradicional sino incluso con residuos tóxicos peligrosos; que las autoridades llaman rellenos sanitarios a los basureros, pero en realidad, la mayoría de ellos son tiraderos a cielo abierto, basureros clandestinos enterrados, basureros depositados en socavones de minas, basuras dispersas en canales y barrancas, terrenos baldíos y calles. Que estos basureros están generando enfermedades degenerativas, malformaciones y muerte entre los habitantes de las comunidades cercanas a donde están instalados. Y que frente a este grave problema no se cumplen las normas ambientales y no hay un manejo transparente de la información. Por si fuera poco, también se está privatizando el manejo de la basura, y este hecho agrava aún más los problemas de incremento descontrolado de los basureros, así como los de salud de las comunidades afectadas por ellos.

          También nos damos cuenta que la minería a cielo abierto es la nueva forma de explotación minera más devastadora, destructiva y nociva de la historia humana, ya que destruye en muy poco tiempo las formas de vida y la salud de las personas que habitan cerca de estas explotaciones, además de que contaminan la tierra, el agua y el aire de los lugares donde se instalan. Que todos los casos de explotación minera tienen en común el que las autoridades de los tres niveles de gobierno de México benefician y están a favor de los intereses privados de las empresas mineras (nacionales y extranjeras) y en contra del interés colectivo de las comunidades donde ya se instalaron o pretenden instalarse, negándoles el acceso a la justicia y a la consulta previa, libre e informada.

        Denunciamos que además de no recibir una solución justa y responsable de parte de las autoridades, éstas han criminalizado nuestros reclamos de justicia, utilizando las leyes en nuestra contra, fabricando delitos, sitiando nuestros pueblos, reprimiéndonos y golpeándonos, creando grupos de choque para destruir la resistencia de los pueblos y creando complejos sistemas de división comunitaria (ingeniería de conflicto), en los cuales, las empresas mineras estadounidenses y canadienses son especialistas. La voracidad de las empresas y el gobierno llega hasta el asesinato de nuestros compañeros, como fue el caso de Bernardo Vázquez Sánchez, quien defendía la causa del pueblo de San José del Progreso, en Oaxaca, en contra de la minera Cuzcatlán, de capital canadiense.

De modo urgente, el hostigamiento, las agresiones, intimidaciones y amenaza de muerte en contra del compañero Leovigildo Vázquez –hermano de nuestro compañero asesinado Bernardo Vázquez– que hoy ve en riesgo su integridad por las amenazas de muerte hechas por las autoridades municipales de San José del Progreso y la minera Cuzcatlán, con el silencio cómplice del gobierno estatal y federal.

       Responsabilizamos a la empresa minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver, de origen canadiense, y a las autoridades municipales de San José del Progreso, Oaxaca, de cualquier daño a la integridad física del compañero Leovigildo Vázquez y su familia, y de todos los luchadores sociales defensores de la vida en esta comunidad.

       Denunciamos las amenazas y el hostigamiento a las personas que luchan contra el proyecto minero de Esperanza Silver en las comunidades de Tetlama y Alpuyeca, municipio de Temixco, Morelos.

       Denunciamos también las amenazas en contra del compañero Maurilio Rosas Morales y otros miembros de las comunidades de Tuzuapan, Quecholac, Tecamachalco y Palmar del Bravo, en el estado de Puebla, que luchan contra la empresa cementera Cruz Azul, instalada en el año 2007, la cual está contaminando sus cultivos, tierra, agua y aire.

La suspensión de la vigencia de todas las concesiones mineras en el país hasta en tanto no se realice una evaluación científica, técnica, jurídica, social y ambiental independiente respecto a la legitimidad y la legalidad de todos los proyectos mineros que operan en el país. Denunciamos los actos de corrupción e impunidad de los tres niveles de gobierno y exigimos su castigo.

           Exigimos también una evaluación científica, técnica, jurídica, social y ambiental independiente respecto de la legalidad y legitimidad de los sitios de confinamiento de la basura en el país, así como un alto a la privatización de su manejo.

         Exigimos que los gobernantes y las empresas responsables sean legalmente juzgados y reparen los daños ocasio
nados a la tierra, el agua, el aire y la salud de los habitantes de las comunidades afectadas por minería y basura.

         Exigimos un alto al hostigamiento y las amenazas a los compañeros que luchan contra la instalación de la minera Esperanza Silver en las comunidades de Tetlama y Alpuyeca del estado de Morelos, así como los colonos, académicos y científicos del Movimiento morelense contra las concesiones de metales preciosos.

      Exigimos un alto al hostigamiento, las agresiones, intimidaciones y amenazas de muerte en contra del compañero Leovigildo Vázquez –hermano de nuestro compañero asesinado Bernardo Vázquez– por parte de las autoridades municipales de San José del Progreso y la minera Cuzcatlán.

         Nos pronunciamos a favor de la vida y en contra de los proyectos de muerte como son la minería tóxica y contaminante, así como los basureros que envenenan la tierra, el agua, el aire y el medio ambiente en general, además de la salud de las comunidades donde estos proyectos se instalan.

        Reconocemos que nuestras luchas son parte de una lucha general por el cuidado y rescate de nuestro planeta, contra el ecocidio y etnocidio de nuestros pueblos; por lo que queremos salir del aislamiento y visibilizarlas en el plano nacional e internacional, al mismo tiempo que nos solidarizamos con todas aquellos pueblos hermanos que luchan a favor de la vida.

Cuernavaca, Morelos, a 23 de junio de 2013.

Comunidad de Alpuyeca, Morelos; “Un salto de vida”, El Salto, Jalisco; Coordinadora de Pueblos Indígenas río Temoaya-Mayorazgo, Estado de México; Temascalapa, Estado de México; Tecámac, Estado de México; Lomas de San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli, Estado de México; Colectivo Autonomía en los Barrios, comunidad de San Nicolás Totolapan, D.F.; comunidad de San Antón, Cuernavaca, Morelos; comunidad de Zumpango, Estado de México; comunidad de Tetlama y Alpuyeca, Morelos; Movimiento Morelense contra las concesiones de metales preciosos; Organización Campesina Emiliano Zapata CNPA-MLN, Chiapas; Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), San José del Progreso Oaxaca; Cerro de San Pedro San Luis Potosí; Angangueo, Michoacán; Frente en Defensa de Tepoztlán; La Mira y El Habillal, Michoacán; Actopan y Alto Lucero, LA VIDA, Veracruz; Sierra Norte de Puebla; comunidades de Tuzuapan, Quecholac, Tecamachalco y Palmar del Bravo, Puebla.