El municipio de Tepoztlán, Morelos, lucha contra el ilegal proyecto carretero La Pera-Cuautla, que violenta la legislación ambiental y decretos de protección ecológica de su territorio.

Habitantes del municipo de Tepoztlán pertenecientes a la organización FRENTES UNIDOS EN DEFENSA DE TEPOZTLÁN denuncian a los tres niveles de gobierno, a la Secretaria de Comisiones y transportes (SCT) y la empresa Tradeco porque están preparando una entrada ilegal a su territorio.

Alertan a la población de actos ilegales y de represión que se puedan suscitar esta semana o la próxima, en especial para el lunes 22 de julio ya que empleados de la empresa Tradeco anunciaron que para ese día estarían iniciando las obras de la ampliación de la autopista en terrenos comunales, lo cual está fuera de toda legalidad y es una provocación directa a la comunidad.

Informan que la asamblea de comuneros aprobó la instalación del campamento de vigilancia «El Caudillo del Sur» como parte de la negativa a la ampliación de la autopista y que cualquier incursión será repelida, como sucedió el viernes pasado cuando una cuadrilla de trabajadores de Tradeco taló ilegalmente árboles en tierras comunales y fueron puestos a disposición del ministerio público federal.

Tambien denuncian al “Consejo Ciudadano” que intentó legitimar la ampliación con una mal llamada “consulta ciudadana” señalando que este mimsmo consejo ha creado una “bolsa de trabajo” para contrara personal para la ampliación de la autopista.

Exigen que Graco Ramírez gobernador del estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se pronuncien al respecto ya que que avalaron la consulta y la calificaron de «democrática» cuando en realidad es “un quebranto vil del estado de derecho y de los principios básicos de la democracia y la convivencia pacífica ya que estos hechos son extremadamente violentos” señala el grupo de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán.

Por último agregan que todas estas «autoridades» están perdiendo de manera acelerada su legitimidad. Piden castigo para quienes están violentando a la comunidad recordando que cuando el gobierno es títere de los empresarios son ellos, el pueblo, quien tiene el derecho de defender su territorio con cualquier medio a su alcance.