Con una actitud intimidatoria, provocadora y amenazante,  los funcionarios públicos Mario Reynoso Esparza y Javier Lechuga de la Subsecretaría de Asuntos Internos del estado de Jalisco, México, se presentaron a las 6:30 pm aproximadamente, al lugar donde los pobladores de Temacapulín y del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (MAPDER) mantenían un tercer plantón que bloquea la entrada a la construcción de la cortina de la presa El Zapotillo, exigiendo justicia y la cancelación de la obra ante su ilegal construcción toda vez que las autoridades competentes han decretado la suspensión de este proyecto que pretende inundar los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Acompañados de otros funcionarios y trabajadores de la obra, argumentaron que no existen razones legales para mantener el plantón y que exigían que se dejara pasar a un camión y otros vehículos con personal que transportaba a los trabajadores, de lo contrario sabríamos las consecuencias haciendo alusión al uso de la fuerza pública y la represión. Acusaron de secuestro y de invadir propiedad federal-

Sin embargo unas pocas horas antes, los manifestantes permitimos de forma cordial y amistosa a los trabajadores del turno diurno evacuar sus vehículos y al personal que laboraba en ese momento, quienes manifestaron incluso simpatía, tanto obreros como personal técnico.

Al lugar acudieron los funcionarios Alfonso Barrón de la Tercer Visitaduría, Mario Ramírez Visitador de la Región Altos y Eduardo Sosa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Jalisco (CEDHJ) que fungieron como mediadores en una ríspida discusión. La CEDHJ llamó a los funcionarios públicos a que mantuvieran la voluntad política de diálogo y constataron que no han sido secuestrados como  los funcionarios de gobierno argumentaban, que existían  otras salidas y que no se justificaba el uso de la fuerza pública. Al lugar acudieron también reporteros de Radio Universidad de Guadalajara y Televisa. Al final los funcionarios se retiraron sin mediar dialogo alguno y sin escuchar las voces de los afectados.

Al respecto, los habitantes de Temacapulín y el Mapder responsabilizamos al gobierno del estado por cualquier forma de represión que atente contra la integridad física de quienes llevamos a cabo esta acción justa. Exigimos la cancelación de la obra y el diálogo con las autoridades competentes, en este caso con el gobierno federal  y la CONAGUA.