Por: Colectivo Pozol
En el marco del cuarto informe de la administración de Pena Nieto, en medio de escándalos de corrupción y plagios por parte del ejecutivo federal y su familia, a Chiapas y Oaxaca arriban miles de policías contra l@s maestr@s disidentes, en huelga desde el pasado 15 de mayo.
La ola de escándalos sobre la corrupción del gobierno va desde la ilegitimidad de su cargo, llegando a la presidencia por medio del fraude, hasta la ilegalidad de su título académico, logrado a través del plagio. Así, este hombre se mantiene en el poder violentando cuanta ley se ponga en su camino, sostiene que la ley no se negocia.
Y sin embargo, el Estado le apuesta a la violencia, una estrategia que no es nueva. Ante su carencia de argumentos para imponer su autodenominada “reforma educativa”, amaga con utilizar la fuerza pública, como el pasado 19 de junio en Nochixtlán Oaxaca, donde fueron asesinadas más de una docena de personas y hasta ahora nadie ha sido llevado a juicio. El Estado mexicano se sabe impune.
A más de tres meses de plantón y de masivas manifestaciones en la capital chiapaneca, los docentes han resistido ante la embestida física y mediática del gobierno y grupos empresariales que intentan terminar con su movimiento. De igual forma l@s docentes han puesto en evidencia, a un gobierno que en los medios dice negociar y en los hechos amenaza con la fuerza policíaca.
A 109 días de paro de labores, los docentes se declaran en alerta ante la llegada de los uniformados federales a Chiapas. Los profesores saben que cuentan con el apoyo de la sociedad, como sucedió en el mes de mayo cuando iniciaron su huelga y la población los respaldó saliendo a las calles a enfrentar a la policía cuando éstos agredieron a l@s educador@s.
Acostumbrados a imponer su voluntad, el ejecutivo federal y estatal tendrían que repensar su reiterada estrategia del uso de la violencia para acallar demandas sociales considerando que desde su inicio, el movimiento magisterial ha permeado a múltiples sectores de la sociedad, y cuenta con el apoyo de organizaciones sociales, iglesias, estudiantes, sindicatos así como por comunidades indígenas y campesinas, que han manifestado su firme decisión de defender a los mentores, ante una posible agresión de las fuerzas del Estado.
Asimismo, el día de hoy, al poniente de la ciudad se realizó el desalojo de una manifestación de transportistas con un exagerado uso de la fuerza policíaca. Lo que llama la atención es que estas manifestaciones no se acostumbran desalojar, mucho menos con tantos elementos de “seguridad” (incluso tanquetas). Está demostrada la raquítica capacidad y voluntad gubernamental de ofrecer soluciones y argumentos congruentes, sólo tiene la fuerza militar ¿A qué está jugando el gobierno con esta demostración? ¿Al miedo? ¿A la advertencia?
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