A los pueblos indígenas que resisten los ecocidios, etnocidios y epistemicidios de los megaproyectos de muerte
Al Congreso Nacional Indígena
A la Red de Antropologías Populares del Sur
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A lxs adherentes a La Sexta nacional e internacional
A los Centros de Derechos Humanos
A los estudiantes y académicos.
A los medios de comunicación
Como era de esperarse en un país que niega la existencia de las diferencias culturales, las geografías y calendarios de los pueblos indígenas, nuestras historias, saberes y memorias, y como habíamos advertido con anterioridad, las autoridades al servicio de los empresarios junto con sus grupos armados, insisten en negar nuestros derechos colectivos de libre existencia, usando todo el aparato represivo del estado para imponer el proyecto privado CARRETERA TOLUCA-NAUCALPAN, con el cual ocasionan graves daños a nuestros bosques, mantos acuíferos y a la totalidad de la vida con la que aprendimos a convivir, respetar, defender sin la necesidad de destruir, porque nuestra lucha es por la vida, denunciamos que las políticas de despojo con las que violentan nuestros derechos como pueblos indígenas van más allá de la destrucción de cientos de miles de árboles, que si bien ya es algo bastante grave que hemos denunciado como ecocidio, existen otras formas en las que dichas políticas de despojo están inscritas en un contexto de racismo epistemológico, al que llamamos epistemicidio y que consiste en destruir, mutilar y desaparecer nuestros saberes como pueblo indígena Ñatho con la finalidad de invadir nuestro territorio, en ese sentido toda acción e intervención del Estado al servicio de la DESTRUCTORA AUTOVAN está violentando el Convenio No 169 de la OIT que consagra los siguientes derechos y principios básicos:
· El principio de no discriminación (arts. 3, 4, 20 y 24);
· El derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado (arts. 14 y 18);
· El derecho a que se respete su integridad, sus culturas e instituciones (arts. 2, 5 y 7);
· El derecho a determinar su propia forma de desarrollo (art. 7);
· El derecho a participar directamente en la toma de decisiones acerca de políticas y programas que les interesen o les afecten (arts. 6, 7 y 15);
· El derecho a ser consultados acerca de las medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar (arts. 6, 15, 17, 22 y 28).
Sin importar los acuerdos internacionales, el día de hoy 14 de Abril de 2014 quienes traicionaron al pueblo y pusieron precio a nuestras vidas y a nuestras tierras, llegaron junto con cerca de 800 granaderos de la Policía Municipal, Estatal y de la Secretaria de Seguridad Ciudadana con equipos antimotines fuertemente armados para defender los intereses de la DESTRUCTORA AUTOVAN y del Estado a su servicio, quienes haciendo uso de la violencia institucional, física, simbólica y cultural con la que legitiman la democracia impositiva y no la participativa que ejercemos por usos y costumbres, han sitiado la comunidad por todas sus entradas y salidas, montando retenes y revisando a quienes transitan, haciendo rondas de persecución sobre algunos compañerxs opositores al proyecto, quienes han sido fotografiados por los agentes de seguridad pública; conocida en las experiencias más cercanas a una dictadura, la invasión policiaca en territorio indígena, la intervención de infiltrados en esta y otras asamblea, narran el contexto de represión y hostigamiento, que denota la complicidad y la falta de interés de las autoridades por hacer justicia y por velar por los intereses de la comunidad.
Sabemos también que la orden para que llegaran a invadir la comunidad viene de Mario Villavicencio, ex comisariado de bienes comunales, quien ya no tiene facultad alguna para interferir con este proceso sin embargo sigue amparado bajo el poder de las autoridades, siendo el uno de los personaje que se ha encargado de infiltrar personal al servicio del Estado para romper con la libre decisión de la comunidad, amenazando a los compañeros opositores al proyecto; contextos de represión y hostigamiento que evidencian el desconocimiento de la autoridad de los Derechos de los Pueblos Indígenas Protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estrategias de intimidación y por parte del Estado y sus empresas para negar el acceso a comuneros y al pueblo en general a tomar decisiones como parte de un ejercicio dedemocracia participativa, popular e indígena, que se incluye en los derechos a la no discriminación y a la igualdad ante la ley, a la libre determinación, a la identidad e integridad cultural, a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales, a la participación, a la consulta, al consentimiento, a los propios sistemas de justicia y reparación del daño, a su vez la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en la carta de naciones unidas, en la declaración universal de derechos humanos y en las demás normas internacionales de derechos humanos, adicionalmente consagra la libertad e igualdad de todos los pueblos y personas indígenas, prohibiendo la discriminación en el ejercicio de sus derechos, en especial la que se funda en su origen o identidades étnicas, también consagra el derecho a la libre autodeterminación política, económica, social y cultural; a conservar y fortaleces sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales así como a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado, así mismo consagra el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido.
Como advierte, la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, la cual ha sido violentada en repetidas ocasiones, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México y los Ayuntamientos deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) Promover que los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, participen libremente, en la definición y ejecución de políticas y programas públicos que les conciernan.
Artículo 21.- Los pueblos y las comunidades indígenas tienen el derecho de decidir las propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural en el contexto del Plan de Desarrollo del Estado de México.
Artículo 40.- Los pueblos y comunidades indígenas asentadas en territorios regionales, municipales o por localidades en el Estado de México, gozan del derecho social a vivir dentro de sus tradiciones culturales en libertad, paz y seguridad como culturas distintas y se garantiza su propio desarrollo contra toda forma de discriminación.
Artículo 52.- Las autoridades y los particulares, deberán consensar con las comunidades indígenas, los proyectos e iniciativas de obras que impacten los recursos naturales comprendidos en sus territorios.
Otro es el contexto pues dichas consultas han estado todas bajo presión política de los aparatos represores del Estado, sin embargo la vivida el día de hoy rompe con toda intención de permitir al pueblo decidir cómo comunidad y deja ver la intención impositora del megaproyecto de muerte, la complicidad de las autoridades por la presencia policiaca y el operativo montado en la comunidad con el que se invadió el territorio indígena, por lo que responsabilizamos directamente a los malos gobiernos MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PRI, FRANCISCO JAVIER ERIC SEVILLA MONTES DE OCA, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS y ENRIQUE PEÑA NIETO, por violentar nuestros derechos colectivos a la libre existencia.

COMITÉ EN DEFENSA DEL BOSQUE OTOMÍ-MEXICA

En la montaña nacimos, con ella vivimos y por ella moriremos.