Por Eugènie Laclasse, Colectivo La Voz de los Xiches, Veredas Autónomas, SubVersiones AAC y Centro de Medios Libres

La región Loxicha, ubicada en el distrito de Pochutla, en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, está compuesta por los municipios de Candelaria Loxicha, San Baltasar Loxicha, San Bartolomé Loxicha, Santa Catarina Loxicha, Magdalena Loxicha y San Agustín Loxicha. Región zapoteca, tiene una identidad cultural fuerte que los hombres y mujeres de la región heredaron de sus antepasad@s, a pesar del dominio que se desarrolló sobre sus tierras: su población muchas veces tuvo que enfrentarse a situaciones de violencia, producidas tanto por la conquista española como el dominio de caciques, o del mismo gobierno mexicano, lo cual no se ha acabado hasta la fecha. Así, la lucha para la Libertad de sus presos es una entre varias otras, inscritas en su larga historia de resistencia.

Los pobladores de las comunidades loxicha gustan contar la historia de su nacimiento, cuando, al sufrir la conquista y la colonización de sus pueblos, sus antepasad@s tuvieron que refugiarse en las montañas para refundar sus comunidades y seguir viviendo en paz. Subieron hacia los cerros, llevando consigo una imagen del santo patrón San Agustín, con la creencia de que si en un lugar sembraban varias semillas, y que todas crecían para formar una milpa, este era el buen lugar para establecerse. Caminaron, recorriendo los montes hasta que se cumplieron sus creencias. De ahí, tuvieron que encontrar un nombre para su recién nacido pueblo: como era un lugar con muchos tejones, le llamaron “loo-mxhiiss”, “lugar de los tejones”. Cuando, años después, llegaron los españoles hacia sus montañas, llevaron con ellos nuevos cultivos, entre ellos el de la piña. El nombre del pueblo se cambio por “Loo-xhiis”, “lugar de piñas”, que terminó en su registro oficial ante el Estado como “Loxicha”. En las palabras de l@s ancian@s, así nació el pueblo de San Agustín Loxicha, principial ciudad de la región. Poco a poco, en sus alrededores, crecieron otros pueblos. Hoy en día, se encuentran 72 comunidades en la zona.

La población de la región loxicha está conformada casi en su totalidad por indígenas zapotec@s, cuya lengua predominante es el zapoteco. Según un una síntesis de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca, en la micro-region “zapoteca-Sierra Sur”1, el 66.4% de la población de cinco años y más habla alguna lengua indígena. Dentro de ell@s, much@s son l@s que no hablan el español, particularmente las mujeres.

Las comunidades de la región se caracterizan por su cultura histórica, que se expresa en sus creencias, costumbres, y formas de entender el mundo y de relacionarse con él. Así, este idioma, heredado de sus abuel@s, es una de las manifestaciones de ella. Es parte de una concepción colectiva de la vida, en la cual todos los seres naturales se relacionan como herman@s viviendo en la tierra, considerada madre. Lo mismo sucede con el sol, el padre. De ahí surgen varios principios que orientan la vida colectiva de la comunidad. Se manifiesta de manera muy fuerte en su organización política. En la organización tradicional de las comunidades, las decisiones se toman en asamblea, la cual designa a una autoridad municipal, cuya tarea es fomentar la creación de las condiciones que permitan la realización de las actividades necesarias para el beneficio del pueblo y la aplicación de sus decisiones. Así, ser autoridad municipal es “convertirse en el primer servidor del pueblo”, el “Mbdam-loo-yee’s”, el “Papá del Pueblo”. Si todos los miembros de la comunidad nacen para servirla, no todos aspiran a volverse autoridad. Para ello, uno tiene que demostrar, mediante el estudio y la realización de múltiples servicios, su capacidad a serlo. Así, existen en el pueblo una multitud de cargos, con niveles de responsabilidad distintos, siendo el de autoridad municipal el cargo “máximo”. Cabe destacar que ninguno de ellos conduce a cobrar un sueldo.

Otras formas de organización histórica pueden ser destacadas, tales como el tequio y la ayuda mutua, los cuales son también muy importantes en la vida colectiva de las comunidades. El tequio es un trabajo colectivo de todo el pueblo, con carácter obligatorio, cuya meta es realizar una obra común. Puede consistir en trabajos físicos como la construcción de edificios comunales o la limpia de caminos, pero también en la organización de las fiestas populares. Según Álvaro Sebastián Ramírez, uno de los 7 presos de la región, en un testimonio escrito durante su encarcelamiento en el Penal de Etla, “es precisamente la forma de trabajo de un individuo para la comunidad, la que le da respetabilidad ante los demás ciudadanos”. En cuanto a la ayuda mutua, es una variación del tequio para obras más chicas e individuales, principalmente a nivel familiar y vecinal. Consiste en pedir apoyo para trabajos tales como la construcción de una casa o la cosecha de una milpa, la agricultura siendo la actividad económica principal de las comunidades loxicha: su población se dedica masivamente a la agricultura de subsistencia, particularmente del maíz, café, frijol o plátano.

Estos principios y formas de organización de la vida son históricas en los pueblos indígenas.  Gracias a ellas, estas comunidades han podido sobrevivir y sostener una resistencia de varios siglos, enfrentando las adversidades económicas, culturales y políticas. Como lo explica Álvaro, “la resistencia de nuestros pueblos indígenas no es un proceso reciente, sino que data de hace más de 2000 años (…), agravado por la opresión étnica y cultural que fue iniciada con la conquista de los españoles hace 500 anos.” Sin embargo, el dominio sobre estos pueblos no se ha acabado con la Independencia, y en los años recientes, los ataques a su identidad han sido muy fuertes.

En la segunda mitad del siglo XX, varios caciques impusieron su poder en la región. Poco a poco, desarrollaron un modelo de dominación sobre las comunidades, despojándoles de su fuerza de trabajo y de sus recursos naturales. Unas cuantas familias empezaron a explotar a los pobladores, acaparándose de sus terrenos y productos mediante la implementación de un sistema de préstamos sobre cosecha con altísimas tasas de interés, y un control fuerte sobre los precios de las mercancías. En este marco, los campesinos empezaron a endeudarse, y como ya no podían pagar, muchos tuvieron que vender sus pertenencias a los caciques para volverse jornaleros o emigrar a las ciudades para buscar un trabajo. Además de este dominio económico, impusieron su presencia a nivel político, impidiendo la organización de las asambleas y controlando a las autoridades municipales, atacando de una vez a los principios históricos de auto gobierno de las comunidades. El caciquismo se basaba también en la construcción de un clima de violencia y miedo, con el desarrollo, sobre todo en los años 70, de grupos de pistoleros que andaban persiguiendo a los indígenas de las comunidades, saqueando sus milpas y casas, robando su ganado, asaltándoles en las calles, amenazándoles, violando a las hijas y mujeres. En este mismo sentido, en 1982,  llegó a la región loxicha “Antorcha Campesina”, grupo paramilitar filial del PRI. Todos estos actores se oponían a la práctica de las actividades comunitarias tendientes a mantener la colectividad.

Estos años de dominación y explotación dejaron a las comunidades de la región en condiciones de gran pobreza. Casi todas carecían de los servicios más elementales como clínicas, agua potable, escuelas, caminos transitables, o energía eléctrica. Habían altísimos niveles de desnutrición, de muertes por complicaciones de parto o por enfermedades curables para gran parte de la población nacional.

Los habitantes de la región no dejaron a los caciques y pistoleros actuar sin resistencia. A lo largo de los años, lograron organizarse como pueblo para protestar y demandarle servicios, apoyos y mejores condiciones al gobierno. También armaron varios grupos de auto defensa contra los  grupos de pistoleros que servían los intereses de los caciques locales. Si  bien es cierto que esto ocurrió con grandes manifestaciones de violencia – en San Francisco Loxicha, en aproximadamente 10 años, el conflicto y los masacres dejaron más de 150 muertos –  también permitió a las comunidades loxicha debilitar parte del dominio de los caciques sobre su región. Por ejemplo, entre 1984 y 1986, en el municipio de San Agustín Loxicha, la comunidad logró imponerles la realización de distintas obras comunitarias. A pesar de los enfrentamientos, el presidente municipal Alberto Antonio Antonio y sus comuneros, movilizados en tequio, llevaron a cabo la reconstrucción de su mercado y de su palacio municipal.

 1996, principios de la gran represión

No obstante, la profundización de la organización y de la resistencia de las comunidades loxicha no ha sido permitida por el Estado mexicano. Este último utilizó el nacimiento de un grupo armado en la región, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), como pretexto para justificar la represión de los indígenas de la Sierra Sur. Cuando el 28 de agosto de 1996, en la Crucecita, Huatulco, un enfrentamiento entre el EPR y diferentes cuerpos de seguridad, dejó un saldo de 16 muertos; el gobierno estatal, encabezado por Diódoro Carrasco Altamirano, impuso la idea de que las autoridades municipales de San Agustín pertenecían al grupo armado y que la población de las agencias de la región era base de apoyo. Este argumento, ampliamente difundido en los medios de comunicación, permitió justificar la represión. Esta dinámica fue acompañada por el gobierno federal, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, lo cual ordenó una movilización del ejército con ayuda de policías federales, estatales y municipales en los estados donde estaba presente el EPR2.

A partir de los hechos ocurridos, se multiplicaron las amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, la tortura sistemática y hasta las ejecuciones extrajudiciales. También fueron detenidas más de 150 personas. Si la mayoría de ellas han sido liberadas hasta la fecha, aún siguen presas siete. Al estar encarcelados desde hace mas de 16 años, el ex-alcalde de San Agustín Loxicha, Agustín Luna Valencia, el ex-síndico Fortino Enríquez Hernández, Eleuterio Hernández García, Abraham García Ramírez, Álvaro Sebastián Ramírez, Zacarías Pascual García López y Justino Hernández José han padecido violaciones sistemáticas a su derechos humanos, políticos y jurídicos.

La represión de 1996 también trajo consigo la militarización y paramilitarización  de la zona, que no se ha acabado hasta la fecha. Desde entonces las comunidades que conforman esta región han vivido un cerco militar, paramilitar, económico y social. En 1997, se construyó en Miahuatlán de Porfirio Díaz la XLIV Zona Militar que cuenta con unidad habitacional, campo de entrenamiento y pista de aterrizaje y tiene influencia en 175 municipios de la Costa, los Valles Centrales, la Sierra Sur y parte de la Mixteca. Además, de esta zona militar, fue inaugurado hace poco el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) n°13 en Mengolí de Morelos, Miahuatlán de Porfirio Díaz, uno de estos “centros de exterminio” que son parte de la Iniciativa Mérida, impulsada en el país con el “apoyo” de la inteligencia estadounidense. Es también ahí, donde recién fueron trasladados los 7 presos Loxicha, antes de ser llevados hacia otro CEFERESO en Huimanguillo, Tabasco, en el cual siguen encarcelados hasta la fecha.

En paralelo, se multiplicaron los retenes y los patrullajes como manera de controlar a la población y sus movimientos. El ejército ocupó varias comunidades de la región y estableció bases de operaciones mixtas en distintos municipios, de las cuales permanecen dos ahora. Su presencia es bastante discutida por l@s habitantes de la zona. Así, para el regidor de educación del Municipio de San Agustín, “no hay necesidad de ellos”. Esto no significa que no haya violencia en la región. “Ya ves que el gobierno pone sus bases para qué, para ellos, de esta manera se calme la comunidad. Pero en la comunidad hasta ahorita, no esta tranquilo”,  precisa en una entrevista. El padre Fidel Zurita García, párroco del municipio de San Agustín Loxicha, sentencia: “a pesar de que estaban, sucedieron asesinatos”.

A partir de estos cambios, las difíciles condiciones de vida de los indígenas de la región loxicha se han visto agravadas. La presencia de fuerzas militares y policíacas en la región, así como la represión ejercida contra los habitantes de la zona, han alterado la vida cotidiana de las comunidades. Según la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca3, el 89,7% de la población de la Sierra Sur vive en situación de pobreza, el 60.0% de los cuales se encuentran en situación de extrema pobreza. Según el padre García, “el sueldo, en el campo, es de 70, 80 pesos diarios. Incluso cuando los que tienen la posibilidad de contratar gente para sus terrenos y ven la necesidad que la gente tiene de trabajar, les ofrecen 50 pesos. Es bajísimo”. Cabe precisar que en la región, la mayor parte de las familias tiene alrededor de 6 o 7 hijos…

Paradójicamente, los eventos de 1996 también condujeron a una mayor implicación del gobierno en la región. A lo largo de los últimos años, aparecieron centros de salud en la mayoría de los municipios, se amplió el acceso de las comunidades a la electricidad, se construyeron unas carreteras. De ahí, surgen unas preguntas: ¿son apoyos verdaderos los que han sido dirigidos a la región loxicha en los últimos años? ¿o son acciones superficiales que toman un papel de contención social? Para el padre García, “lo que paso en el 1996 trajo un beneficio grande a este municipio, porque los recursos empezaron a fluir”. No obstante, no es el pueblo el que más se aprovecho de este cambio. “¿Que mejore la calidad de vida? No, casi no”, sigue el párroco. “El asunto es que a lo mejor el gobierno destina recursos, pero este dinero tiene que pasar por distintos lugares, quienes vayan diciendo por donde va, por donde sí, por donde no, y por allí se va quedando. El manejo de los recursos es muy discutido. Y yo creo que esto es lo que quieren, que los recursos no llegan realmente donde tienen que llegar”.

En la comunidad de Loma Bonita, ubicada a unos 30 minutos de San Agustín en camioneta, se encuentra un hospital. Bastante grande y moderno, su construcción empezó hace unos 8 años, con una inversión de aproximadamente 80 millones de pesos, según las autoridades. Sin embargo, a pesar de que los trabajos de construcción ya están terminados, aún no esta funcionando. “El hospital lleva 8 años de haber iniciado, ya está un 100% ya terminado, pero debo decir que falta medicamentos, personal, mobiliario, que son lo más que falta”, explica Miguel Almaraz Ramírez, suplente del presidente municipal de San Agustín.

Por otro lado, llegaron también a las comunidades varios programas estatales tales como Oportunidades, Procampo, Progresa o Procede, o la oferta de becas, créditos, y promesas de empleo. Sus efectos concretos respeto a un supuesto mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes son muy pocos. El propio gobierno de Oaxaca lo reconoce, cuando, hablando del programa Oportunidades, afirma en su informe “estas medidas no cambian las causas estructurales de esta condición, pues sus alcances son de corto plazo y no brindan a las familias una verdadera solución para salir de la pobreza por sus propios medios”.4

El papel de las vías de comunicación también es interesante: después de 1996, fue construida una carretera pavimentada hacia la cabecera municipal de San Agustín Loxicha, la cual sigue su camino cruzando la región hacia el Sur. Esta otra porción todavía es de terracería. Para todas las comunidades que no son cruzadas por estas vías, la única forma de moverse sigue siendo caminando por sus veredas chiquitas. Sin embargo, al mirar un poco mas la situación, uno descubre rápidamente que aún los que tienen acceso a las carreteras siguen andando. Una primera razón es económica: pocos son los que tienen un carro propio, y el precio del transporte en camioneta no es accesible para muchas familias. Uno de los hijos del preso Abraham García Ramírez cuenta, por ejemplo, que para viajar de San Agustin Loxicha hacia la comunidad de su padre, le cobran unos 25 pesos (acá, vale la pena acordarse del salario promedio en la región). Carmen, una de las hermanas mayores del preso Álvaro, tiene otros argumentos. Con su vestido de flores, su sonrisa y sus 71 años, nos cuenta como ella siempre se mueve caminando hacia el pueblo: dos horas de ida, y dos de vuelta. ¿Por qué? Ella no está acostumbrada a los carros y camiones, les tiene miedo y prefiere seguir a pie. Si una gran parte de la población de Loxicha no usa las carreteras construidas por el gobierno, ¿de qué sirven sino para “tapar el ojo al macho”, y para facilitar el acceso de las mismas autoridades políticas y militares en la región?

Todos estos elementos han sido acompañados por una fuerte propaganda por parte del Estado mexicano y de los medios de comunicación. El caso de los 7 hombres que siguen presos hasta la fecha es llamativo. A lo largo de los años, han sufrido una fuerte estigmatizacion, que ha logrado convertir a los 7 zapotecos loxicha en 7 “terroristas” que representan “un peligro mayor para la sociedad”. Con el uso de la represión y del estigma de “terroristas” que les está atribuido, las autoridades lograron imponer el miedo, dividir y frenar así la construcción de movimientos de solidaridad. Según Don Leonardo, padre de Justino, hasta hoy “la comunidad ha hecho oído sordo” porque “tiene miedo a la represión, a la desaparición”. “Pero tampoco les podemos echar la culpa”, precisa. Lo mismo sucede con la mobilizacion de los pueblos para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Así, el padre de San Agustín declara en una entrevista: “Sí, hay descontento. Si tu platicas con la gente y que ve que eres una persona de confianza, te habla y te dice. Sino mejor se calla, porque es peligroso hablar. De hecho, el mismo silencio de la gente te dice mucho.”

Ante esta situación, las comunidades de la región han sido viviendo procesos de debilitamiento de su organización y de su tejido social. En una entrevista, el suplente del presidente municipal de San Agustín Loxicha afirma por ejemplo que “el tequio, ahorita muy poco”. Según él, en la cabecera, casi ya no se usa esta forma de organización ancestral de los pueblos indígenas. En las comunidades, nos cuenta que todavía se da, pero sobre todo de manera coyuntural, “en los caminos, para liberar el paso”. Al mismo tiempo, se multiplicaron los casos de migración y desplazamiento: para el padre García, la alternativa que domina entre los habitantes de la región es irse hacia la ciudad de Oaxaca, la costa o el Norte.

Por lo tanto, es difícil alejar la situación que se vive en la región Loxicha de las estrategias globales que adoptó el Estado mexicano en términos de control social y, en paralelo, de liberalización económica, desde hace décadas, pero sobre todo desde 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio y el surgimiento del EZLN en Chiapas. Desde esta fecha, las políticas gubernamentales se han orientado, junto con la promoción de leyes y programas neoliberales, hacia la persecución de líderes sociales, la desarticulación de organizaciones civiles, campesinas, indígenas, magisteriales, sindicales y todas aquellas que se oponen a la degradación del Estado de derecho y de sus condiciones de vida. En el contexto chiapaneco, esta estrategia ha sido llamada “Guerra Integral de Desgaste”, la “guerra integral” siendo definida como aquella que “usa elementos militares, políticos, económicos, psicológicos, propagandísticos, sociales y culturales, y busca afectar todos los ámbitos de la vida”. Se completa con la noción de “desgaste”, lo cual tiene como objetivo a largo plazo “cansar a la población civil, base de apoyo, para que deje su lucha”5. Por mucho, este concepto aparece muy conveniente para analizar también a la situación que se vive en la región loxicha, como en muchas otras partes del país.

Respeto a los presos, la dinámica que desde hace mas de 16 años ha trabajado para deslegitimar, aislar y callarlos se está profundizando hoy en día. Con su traslado hacia el CEFERESO n°6 de Huimanguillo, Tabasco, el Estado está dando un golpe más a estos siete hombres y sus familiares, haciendo aun más difícil la comunicación entre ell@s, pero también hacia fuera. Como lo declara el padre de San Agustín, respecto a los presos, “(en la región) hay muy poca información, la gente está muy desinformada”. Luego, sigue explicando: “yo creo que lo que hace falta es que la gente esté informada. Cuando la gente está desinformada, es cuando tiene miedo de hablar, cuando no se exige el respeto de sus derechos”. Es justamente esta falta de comunicación y el silencio que se les quiere imponer lo que rechazan actualmente l@s familiares y solidari@s de los presos zapotecos, organizándose para que salga la información, que se escuche su descontento. Por su lado, el padre García también lleva algo de esperanza cuando, hablando de los habitantes de la región, afirma:  “esto es lo que preocupa más ahorita, que nuestros pueblos estén así callados. Pero desde este silencio, son solidarios también”. De ahí, l@s familiares, amig@s y solidari@s de los siete indígenas siguen actuando y gritando para que sea reconocida la injusticia que están viviendo sus presos desde hace más de 16 años, revindicando la libertad inmediata e incondicional que se les debe.

1  Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca, Programa de Desarrollo de la “Microrregión 5, Zapoteca – Sierra Sur” , síntesis ejecutiva 2011-2016, p. 12

2   Salvador Corro, “Operativos militares en casi todo el país: retenes, vuelos de reconocimiento y patrullajes para aplicar ‘toda la fuerza del Estado’ al EPR”, en Proceso, No. 1036, 8 de septiembre de 1996, p.7.

3    Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca, Programa de Desarrollo de la “Microrregión 5, Zapoteca – Sierra Sur” , síntesis ejecutiva 2011-2016, p. 22

5    Guerra de baja intensidad o guerra integral de desgaste, folleto de la Red de Defensores Comunitarios, San Cristóbal de las Casas, 2003