Informe: Violencia generalizada en la cabecera municipal de Venustiano Carranza
Agosto de 2013 Jovel, Chiapas, México
Venimos con dolor porque no quisiéramos que pasaran estas cosas lamentables. Hay gente que no nos entiende y no razona. Hay compromisos e intereses personales muy fuertes. Eso es la causa de los hechos lamentables. Somos fuertes por nuestras tierras, aguas, bosques. Nuestra producción. Desde los 70s hay historia. Los caciques de la región siempre han tenido interés en nuestras tierras comunales. Vencimos esa etapa, recuperamos nuestra tierra. Pensamos que iban a cambiar, que iba a haber desarrollo productivo, artesanal, etc. pero buscaron otras tácticas de como querernos destruir. Ahí nace la compra y corrupción de líderes. Como indígenas caemos en ambición. Es lo que ha hecho que pasen tantas cosas, las expulsiones. Pero eso ha sido la razón que vemos. Tengo 45 años de pertenecer a la Casa del Pueblo. Me queda claro que la situación es porque nos dejamos engañar, ambicionar por alguien que nos ofrece comprarnos, entregar a propios compañeros y destruir nuestra organización, eso ha desparramado el agua. Comunero de la Casa del Pueblo, mayo del 2013. El presente informe busca aclarar los hechos de violencia que tuvieron lugar en la cabecera municipal de Venustiano Carranza el pasado 5 de mayo de 2013. A pesar de la serie de denuncias de amenazas y agresiones que los antecedieron el gobierno del estado de Chiapas no fue capaz de generar condiciones que garanticen protección a la integridad y seguridad personal de los pobladores de dicho municipio. Los hechos del 5 de mayo ocurrieron entre campesinos de la Organización Campesina Emiliano Zapata – Casa del Pueblo integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ–CP-FNLS) y la Organización Campesina Emiliano Zapata – Chiapas (OCEZ-Chiapas). En sus raíces se encuentra la falta de interés del gobierno estatal en resolver de fondo demandas añejas de ambos grupos. Las acciones gubernamentales, incluso, antes, durante y después del 5 de mayo, generaron polarización y una escalada de violencia en el municipio. Resultado de ello son: el asesinato de dos personas, Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez; el desplazamiento de 49 familias –que al día de hoy viven en una situación de alta vulnerabilidad sin que el gobierno sea capaz de garantizar las condiciones necesarias para su regreso o reubicación–; daños en 42 viviendas, 22 vehículos y ocho tiendas de abarrotes; la detención arbitraria de 19 campesinos por efectivos de la Policía Estatal y Ministerios Públicos bajo las órdenes de la Secretaria General de Gobierno; nueve personas privadas arbitrariamente de su libertad; dos personas torturadas; y 167 órdenes de aprehensión aún pendientes de ejecutar. Los hechos reflejan una constante en la región: grupos de poder, entre ellos partidos políticos y el gobierno de Chiapas, que generan conflictividad y confrontación comunitaria con el fin de movilizar las correlaciones de fuerza en el escenario político cuando están en disputa el control territorial – la población, la tierra y sus recursos–, puestos públicos del gobierno, o la posesión de tierras productivas, en detrimento de los pueblos campesinos e indígenas que durante décadas han dado la vida para que la tierra sea de quien la trabaja. Ubicación y contexto político El municipio de Venustiano Carranza se ubica en la Región Socioeconómica IV De Los Llanos, abarca desde las cumbres de los Altos hasta las vastas llanuras de la depresión central del estado de Chiapas. Colinda con nueve municipios. La superficie municipal es de 1,363.37 km2. Por su tamaño ocupa el 13o lugar estatal entre los municipios más grandes y representa el 1.86% del territorio Chiapaneco. Tiene una población de 61,341 habitantes, 30,774 hombres y 30,567 mujeres1 1 INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. La población del municipio encuentra su signo de identidad en la lucha organizada por la tierra: históricamente la han reivindicado y recuperado de latifundistas y caciques de la región. Muestra de ello son los Bienes Comunales de Venustiano Carranza, en el momento del reparto agrario cuando les fueron entregados el control de 46 909 hectáreas2, tierras restituidas tras el reconocimiento de su posesión ancestral y proceso de articulación con actores sociales en lo colectivo e individual.
Desafortunadamente diversos grupos de poder local se disputan el control de los recursos territoriales de Venustiano Carranza – incluidos su posición geoestratégica, los minerales del subsuelo o su amplia extensión de tierras productivas – y los utilizan para negociar con el gobierno estatal en turno a cambio de puestos políticos o apoyos económicos, tras los cuales reprimen y abusan de los campesinos y procesos organizativos de los bienes comunales de la región. Antecedentes Según información con la que cuentan las organizaciones firmantes del presente informe, la problemática actual comienza en diciembre del 2010, con la elección de una nueva Mesa Directiva de los Bienes Comunales de la Casa del Pueblo. En aquel momento la Asamblea de comuneros eligió como Comisariado a José Vázquez Hernández, hecho que se legalizó mediante el Registro Agrario Nacional (RAN). Con esta nueva dirigencia se promovieron y realizaron diversas acciones por la defensa del territorio en contra del programa llamado Fondo de Apoyo Para Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar), antes Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), así como manifestarse en contra de proyectos mineros en la región. Por otro lado, esta nueva dirigencia cuestionó la actuación de los líderes que encabezaron la Casa del Pueblo en la etapa previa a su mandato, incluyendo la venta de tierras y la presunta desaparición de 67 de las 575 cabezas de ganado propiedad de los Bienes Comunales. Ante ello, el 25 de septiembre de 2012, comuneros inconformes con la nueva Mesa Directiva tomaron por asalto la Asamblea Extraordinaria en la que se iba a discutir sobre estos temas. La OCEZ-CP denunció que los inconformes irrumpieron con armas de fuego, varillas, tubos, piedras y palos, que ocuparon las oficinas y lesionaron a golpes a nueve de sus miembros. Al día siguiente, cientos de comuneros de la Casa del Pueblo recuperaron por la fuerza las oficinas del Comisariado Ejidal. Indicaron que 28 invasores fueron entregados a un agente del Ministerio Público, mientras la policía estatal encontró a otros tres en una casa por la que habían intentado escapar. Posteriormente fueron prontamente liberados por las autoridades sin que quedara cargo alguno en contra de los agresores. El gobierno de Chiapas, a través de funcionarios de la Secretaría General del Gobierno, impulsó al grupo de la OCEZ-CP-FNLS que, por éste y otros agravios, realizarán acciones jurídicas agrarias para expulsar a los inconformes. En Asamblea General se determinó la expulsión de miembros de la OCEZ- Chiapas. Toda la documentación se envió al entonces gobernador de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero, con el fin de que impulsara el proceso de depuración de la lista agraria de estos comuneros. El juicio agrario interpuesto al respecto aún permanece sin resolverse. Por otro lado, testimonios refieren que funcionarios de la Secretaría General del Gobierno ofrecieron proyectos y asesoraron al grupo inconforme para actuar en contra de quienes tienen la representatividad ante 2 Reyes Ramos, María Eugenia. El reparto de tierras y la política agraria en Chiapas: 1914-1988. Universidad Autónoma de México la Asamblea de la Casa del Pueblo, promoviendo de esta manera un clima de encono y tensión entre las partes. La violencia que estalló en mayo de este año pudo haberse evitado. Es la explosión de meses de confrontación en aumento que pasaron por amenazas, difamaciones, robos y matanzas de ganado, destrucción de milpas, quemas de pastura, destrozo de alambres, el intento de asesinato a integrantes de Bienes Comunales y el asesinato del señor Luis Ángel Hidalgo Vázquez, sucedida el 25 de noviembre de 2012, con ambos grupos inculpándose de los hechos. Hechos recientes Según información documental con la que cuentan las organizaciones firmantes, los hechos de violencia que tuvieron lugar en Venustiano Carranza el 5 de mayo de 2013, son producto de la incertidumbre ante demandas y promesas de solución incumplidas por el gobierno de Chiapas cuyas acciones, por el contrario, promovieron aún más la confrontación de las partes en conflicto. Los testimonios de lo sucedido ese día están llenos de contradicciones. Las versiones de testigos de cada uno de los grupos se contraponen, cada organización implicada acusa a la otra del origen de las acciones de violencia. Coinciden sin embargo cuando confirman la presencia de personas armadas que amenazaban y agredían a la población ligada a su organización. Integrantes de la OCEZ-Chiapas afirman que el 5 de mayo: […] me quemaron mi casa, destrucción total, con fuego y bomba casera, dos de mis casas y una camioneta de modelo 93 y todas mis cosas fue quemado: comedor, cama, más 100 litros de liquido, mini componente dvd, dos caballos motosierra, bicicleta tipo montaña. Lo vimos esas personas; le dimos confianza a Noé Castañón. Los vi las personas iban descubierto son muchas gentes, la policía no intervino, confiamos mucho con el gobierno, en presencia de la policía gente armada, es una vergüenza que hayan hecho en presencia de las policías se burlaron de la ley, son siete personas que conocí. Alrededor de 30 personas armadas venían, conocí a varios de ellos, iban aventando bombas caseras y ellos iban con armas largas de alto calibre. La policía dice que es cuerno de chivo. En todo en el barrio de San Francisco, hubo 14 carros quemados y casas como 39, 43 familias corrieron en el barrio de San Francisco, afectadas. A las 3:00 hrs. de la mañana estaba en mi casa como soy agricultor, a las 4:00 hrs. de la mañana fui a mi milpa, a como tres o cuatro cuadras se escuchaban los gritos de otras familias, pero ya teníamos aviso antes de que iba a pasar algo. En eso llegó una patrulla con policías como observadores. Cuando empezaron a quemar mi casa, estaba mi familia adentro, la policía estaba parada como una columna de ellos estaban sin hacer nada. Ese día había como 800 policías, sólo en una cuadra, la policía no nos protegió en el momento. No hay otros responsables más que las autoridades, ellos son los responsables. Pedimos que Noé Castañón pague los daños porque ellos no intervinieron y si hubieran intervenido no hubiera pasado esto. Una integrante OCEZ-CP-FNLS menciona que el 5 de mayo: A las 4:00 hrs. de la madrugada vimos que había balacera, escuchamos tiros. Vi por la ventana […] iba bajando con una mochila como si pesara mucho, y al ratito nada más fue que en la colonia empezó la balacera. Le dije a mi hijo que será algún santito, y le dije que no ves que es balacera, y además había humo, y vi hartos hombres que iban bajando con sus palos y piedras, y los otros con armas y encapuchados, eran como ocho personas y un viejito sin capucha que es el principal […]. Le dijo este hombre, mujer métete en tu casa, no ves que se va a poner peor. Ella estaba bien nerviosa, y escuchó la campana y pensó que además iba a haber misa, y como a las 8:30 hrs. de la mañana empieza de nuevo la balacera otra vez fuerte. Otra mujer dijo, ustedes que son de la iglesia vayan allá, porque van a reventar a los representantes de la Iglesia. En la tarde ya volvió a bajar a su casa, porque se había ido a la Iglesia. Las víctimas de los hechos del pasado 5 de mayo son Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez, asesinados durante la jornada de violencia, y 49 familias desplazadas, todos y todas pertenecientes a la OCEZ- Chiapas. Los hechos se iniciaron cerca de las 2:00 hrs. de la madrugada, en el barrio de San Francisco, sin embargo, las acciones de violencia se extendieron hacia ocho barrios más. Es preciso señalar que ambos grupos coinciden que esta situación se hubiera podido evitar si el gobierno de Chiapas cumpliera con su función de garantizar la seguridad e integridad personal, ya que éste tenía la información de una posible confrontación entre las partes, además, unos días antes en todos los sectores se corrió la información de que iban a suceder hechos de violencia y los dos grupos ahora en conflicto avisaron al gobierno de Chiapas de esta situació
n. Otros testimonios aseguran que los dos grupos se encontraban armados con armas de alto calibre y que el grupo de la OCEZ-CP-FNLS actuó de manera deliberada acudiendo a las casas de la OCEZ-Chiapas, para desplazarlos porque el gobierno no había cumplido su promesa de hacerlo. Al contrario, la OCEZ-CP- FNLS menciona que, en el barrio de San Francisco, les dispararon a varios de sus compañeros con armas de alto calibre y por ello se tuvieron que organizar. Afirma que posteriormente, como a las 4:00 hrs., estos mismos hechos se cometieron por personas encapuchadas y armadas de la OCEZ- Chiapas, quienes en sus barrios comenzaron a disparar a sus propios domicilios en puertas y ventanas para provocar y responsabilizar nuevamente a los comuneros de la Casa del Pueblo. Situación que provocó las reacciones de integrantes de la OCEZ-CP-FNLS de los barrios para tomar acuerdos y enfrentar los disturbios. De los hechos del 5 de mayo las organizaciones firmantes ubican diversas violaciones a los derechos humanos en donde es responsable el gobierno de Chiapas, por no hacer lo necesario para impedir el desplazamiento forzado por causa de la violencia generalizada; el asesinato de dos personas de nombres Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez; la quema y destrucción de por lo menos 42 casas, 22 vehículos y el robo en ocho tiendas de abarrotes, todos los actos en contra de los integrantes de la OCEZ-Chiapas. Además, cabe señalar que una serie de agravios de los grupos actualmente en conflicto nunca fueron investigados. Por lo anterior ubicamos la responsabilidad clara de la Secretaria General de Gobierno, (en ese entonces encabezada por Noé Castañón), por acción y omisión para impedir los hechos violentos que generaron violaciones de difícil reparación, ya que ellos tenían conocimiento pleno de la situación imperante en Venustiano Carranza, además de que cada uno de los grupos alertó de la posibilidad de los hechos sucedidos el 5 de mayo, sin que el gobierno actuara. Por lo tanto vemos que se violentaron de esta manera el derecho a la vida, integridad y seguridad personal de los ciudadanos que están bajo jurisdicción del Estado. Patrón represivo del gobierno de Chiapas a través de Detenciones Arbitrarias y Tortura Después de los hechos del 5 de mayo, testigos de la región y fuentes periodísticas, confirman que el clima en la región se tensó aún más; el gobierno mexicano introdujo de manera desproporcionada elementos de fuerzas de seguridad, sitiando la cabecera municipal con efectivos de la Marina, Policía Estatal y Ministerios Públicos. El 23 de mayo de 2013, integrantes de la OCEZ-CP-FNLS se encontraban manifestándose en un plantón en la Plaza de la Paz en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, cuando 11 campesinos fueron privados arbitrariamente de la libertad por efectivos de la Policía Estatal y Ministerios Púbicos, bajo las órdenes de la Secretaria General de Gobierno con la finalidad de orillar a la OCEZ-CP-FNLS a negociar de acuerdo a los intereses que se disputan en la región. Los nueve detenidos actualmente se encuentran recluidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados CERSS No.14 del municipio de Cintalapa. El día miércoles 23 de mayo salí con una comisión de la comunidad para una manifestación a la plaza de la catedral en San Cristóbal. Íbamos a denunciar la persecución y hostigamiento, años anteriores habían problemas. El día miércoles allí nos quedamos somos ocho compañeros, como a las 10:00 u 11:00 hrs. de la noche pusimos nuestros nailitos, estaba lloviendo, para regresar al día siguiente. Como a las 3:00 o 3:30 hrs. de la mañana entró la policía en nuestro campamento, nos empezaron a golpear, no sabía quiénes eran, pensábamos que eran ladrones pero nos dimos cuenta que eran muchos, habían unos 100 elementos y nos sacaron del campamento, me aventaron en un carro doble cabina color azul, mis compañeros ya no los vi si iban en el carro, nos llevaron a la procuraduría y allí encontré a mis compañeros de nosotros. No sabía porque la detención, en la procuraduría nos interrogaron los agentes, nos amenazó que como sabíamos por qué estamos detenidos sobre el 5 de mayo. No sabía porque no estuve allí y el agente dice que yo estuve quemando casas, que me iban a partir la madre, eso dicen los agentes, los agentes estaban tapados de la cara. Según testimonios de las víctimas, de las 11 personas detenidas, dos de ellas fueron torturadas y cuatro liberadas. La finalidad de la tortura fue que denunciarán a los líderes del FNLS. Nos llevaron a Chiapa de Corzo para declarar de lo que pasó en Carranza, que confesáramos y de allí me metieron en un cuartito con dos agentes y me dice quítate la ropa y me golpeó en el pecho y me tuve que quitar todo, pantalón y camisa, me vendó la cara y las manos amarradas para atrás, escuché que estaban mojando algo y me dio tres golpes en el pecho, tres en la espalda y tres en la cabeza con la mano, mientras me preguntaban quienes son los lideres y dónde están las armas y quien mueve todo este desmadre. Y les dije que no sé y me pusieron boca abajo y me pusieron un trapo en la boca, con la misma camisa mojada me taparon, sentí que se me iba la respiración. Me preguntaban qué actividades hice el día 5 de mayo, les dije que en mi parcela estaba trabajando y no me creyeron. Y allí entró otra persona y ésta dijo ya no lo golpeen, porque tienen una visita, me soltó la mano y me vestí. Antes de salir del cuarto me quitaron la venda, en la computadora me mostraron nombres si los conocía, me amenazaban mucho, una persona estaba haciendo mi declaración a su modo yo le dije que eso no fue así. Me dice que culpe a otra persona que eso me beneficia para que salga libre pronto. La otra persona torturada refiere lo siguiente: Me despertaron con un puño en el ojo izquierdo, luego fui arrastrado, por parte de un policía a una camioneta, tipo lobo, de color blanco, sujetado boca abajo y de ahí trasladado junto a las otras 11 personas en la procuraduría de Tuxtla Gutiérrez donde me quitaron mi celular. Después de dos horas, me trasladaron a Chiapa de Corzo, me quitaron la camiseta, esposaron, me pusieron una venda, y, por dos personas, me tiraron en el piso, con una bolsa de plástico en la cabeza con agua y fui amenazado para que diera el nombre de los líderes del movimiento y quienes llevaban las armas. Por la noche fui amenazado por una licenciada quien me dijo que si no hacía los nombres de los líderes no me soltaban. El 26 de mayo de 2013, integrantes de la OCEZ-CP-FNLS se trasladaban en tres camionetas a San Cristóbal de Las Casas, cuando en el entronque conocido como el Carmelito, que se encuentra casi a la entrada de la ciudad de Teopisca, la Policía Estatal les hizo la parada y de manera selectiva detuvo de manera arbitraria a cinco integrantes más de la OCEZ-CP-FNLS, quienes se encuentran privados arbitrariamente de la libertad en el CERSS No.14 del municipio de Cintalapa. El 26 de mayo, aproximadamente a las 10:00 u 11:00 hrs. de la mañana me detuvieron. Llevaba ocho blusas que iba a ir a vender, llegamos al Carmelito, yo iba en una combi de pasajeros, cuando ahí estaban personas vestidas de azul y otras de negro; estaban armados y no se identificaron y pararon a las combis, yo iba en el asiento de delante de la combi y me pidieron identificación, la mostré mi credencial y mi curp y mi identificación de artesanías, me bajaron del carro y empecé a platicar con ellos y me dijeron que me subiera a un carro blanco, era una patrulla y me subí. No me mostraron ninguna orden cuando me agarraron. Llegamos a Tuxtla como a las una de la tarde, ahí nos tomaron fotos de frente y de perfil, después de tres horas. No declaré ahí, me preguntaban los policías por qué tapé, que por qué quemé. No me permitieron hacer llamadas. Después como a las 5:00 hrs. de la tarde fui trasladado al Amate. El 17 de junio de 2013, se realizaron tres detenciones más con el mismo patrón de acción en contra de integrantes de la OCEZ-CP-FNLS. El 17 de junio comenzaron de nuevo las agres
iones por parte del gobierno, comenzaron allanando la casa del Comisariado de Bienes Comunales, el compañero José Vázquez Hernández para detenerlo, pero no lo encontraron en su casa; desde ahí empezaron de nuevo los sobrevuelos de helicópteros y la incursión de la Policía Estatal y Ministerial en los barrios de Venustiano Carranza. El martes 18 de junio a las 4:30 hrs. de la tarde, alrededor de 30 camiones tipo ‘torton’ con cientos de elementos de la Policía Estatal Preventiva arribaron a las entradas de la cabecera municipal, entrando por el barrio de San Francisco y de San Pedro con lujo de violencia, tirando gases lacrimógenos, realizando disparos al aire, golpeando y deteniendo a personas que se encuentran a su paso; estas acciones son apoyadas por dos helicópteros que también lanza gas lacrimógeno a la población en general, afectando gravemente a mujeres, niños y ancianos que quedaron atrapados en sus casas. Todo esto está ocurriendo justo cuando se iba a instalar la segunda mesa de diálogo de la OCEZ Casa del Pueblo con el gobierno estatal, y se tenía otra programada para el miércoles 19 de junio, por lo que vemos que no hay voluntad mínima para respetar el acuerdo de los temas a tratar. Actualmente de todos los detenidos nueve personas son las que se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad. Además existen aproximadamente 167 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, con lo que se ve la intención de mantener un clima de alerta y terror permanente en la cabecera municipal de Venustiano Carranza. Conclusiones: De lo documentado, las organizaciones firmantes responsabilizan al gobierno de Chiapas, específicamente a los funcionarios de la Secretaria General de Gobierno por ser omiso en atender la problemática, ya que tenía pleno conocimiento de la situación, por las siguientes consideraciones: 1.-El estado de Chiapas tiene como responsabilidad básica el deber de garantizar la vida humana y de prevenir que alguien sea privado de la vida ilegalmente. Por lo que concierne a este hecho el estado de Chiapas – lo cual se ha reiterado en este informe – tenía conocimiento de las tensiones en Venustiano Carranza y no actuó en conformidad. Como resultado, la situación se empeoró y dos personas, Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez, fueron asesinadas. En vez de investigar, el estado respondió con acciones penales en contra de un grupo políticamente no favorecido él. Por lo consiguiente el gobierno ha omitido investigar las circunstancias y las identidades de los verdaderos perpetradores que asesinaron a las dos personas referidas. Por lo cual se violaron los diversos instrumentos legales como son: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 14, párrafo segundo, y párrafos primero y cuarto; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art 4o; entre otros tratados internacionales. 2.- Ante el fracaso de evitar los hechos de violencia generalizada, el gobierno permitió y fomentó que se desataran acciones desmedidas a la vida privada y en los domicilios de los afectados. Esto constituye una violación al derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad personal, a la honra y a la dignidad, derechos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Arts. 16, 18 y 19; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 5o, 7o, 11, 14 y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros instrumentos internacionales. 3.-Los hechos aquí reflejados son una constante en la región; en donde se involucran una serie de intereses en disputa del territorio y del poder para el control poblacional en la zona. Dichos intereses tienen una constante de despojo a los pueblos y represión a quienes luchan por una vida digna. Los problemas cíclicos en Venustiano Carranza son consecuencia de la acción constante de tales grupos de poder. Ante los hechos de violencia generalizada en la región de Venustiano Carranza, las organizaciones que suscribimos el presente informe instamos al gobierno del estado de Chiapas a: Primero: Realizar acciones de justicia efectiva para detener a la persona o personas que privaron de la vida a los señores Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez, ambos integrantes de la OCEZ-Chiapas. Segundo: Dar condiciones dignas a las 42 familias, 344 personas desplazadas, debido a su situación de emergencia; esto para atenuar las precarias condiciones de vida, atendiendo principalmente a niños, niñas, ancianos, ancianas y mujeres, mientras se propicia el resarcimiento y restitución pleno de derechos que les corresponde de acuerdo a los Principios Rectores de las Personas Internamente Desplazadas marcada por la Organización de Naciones Unidas, el cual considera imperante atender la situación de manera integral, debido a que se trata de violaciones a los derechos humanos múltiples y continuadas. Tercero: Una investigación efectiva que dé como resultado la detención de quienes actuaron en el desplazamiento forzado de las 42 familias, así como en los actos de destrucción y robo a bienes materiales pertenecientes a miembros de la OCEZ- Chiapas. Así mismo, proporcionarles condiciones de retorno o de reubicación digna. Cuarto: La liberación inmediata de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, que fueron detenidas en una estrategia de represión selectiva para obligar a la OCEZ-CP-FNLS a ceder de acuerdo a los intereses políticos; y la cancelación de las 167 órdenes de aprehensión que fueron emitidas de manera indiscriminada en la mayoría de los casos y de manera selectiva a los líderes de la región. Quinto: Una investigación efectiva para el castigo a los responsables de los dos actos de tortura, realizados por la Policía Estatal y Ministerios Públicos, junto al apoyo y cobertura de la Marina Nacional. Sexto: Generar condiciones que garanticen el derecho a la integridad y seguridad personal de los pobladores, tanto de la OCEZ-CP-FNLS, así como de la OCEZ-Chiapas, que vaya encaminado a acuerdos que restituyan el tejido social para la convivencia pacífica entre los pobladores de la región del municipio de Venustiano Carranza.
n. Otros testimonios aseguran que los dos grupos se encontraban armados con armas de alto calibre y que el grupo de la OCEZ-CP-FNLS actuó de manera deliberada acudiendo a las casas de la OCEZ-Chiapas, para desplazarlos porque el gobierno no había cumplido su promesa de hacerlo. Al contrario, la OCEZ-CP- FNLS menciona que, en el barrio de San Francisco, les dispararon a varios de sus compañeros con armas de alto calibre y por ello se tuvieron que organizar. Afirma que posteriormente, como a las 4:00 hrs., estos mismos hechos se cometieron por personas encapuchadas y armadas de la OCEZ- Chiapas, quienes en sus barrios comenzaron a disparar a sus propios domicilios en puertas y ventanas para provocar y responsabilizar nuevamente a los comuneros de la Casa del Pueblo. Situación que provocó las reacciones de integrantes de la OCEZ-CP-FNLS de los barrios para tomar acuerdos y enfrentar los disturbios. De los hechos del 5 de mayo las organizaciones firmantes ubican diversas violaciones a los derechos humanos en donde es responsable el gobierno de Chiapas, por no hacer lo necesario para impedir el desplazamiento forzado por causa de la violencia generalizada; el asesinato de dos personas de nombres Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez; la quema y destrucción de por lo menos 42 casas, 22 vehículos y el robo en ocho tiendas de abarrotes, todos los actos en contra de los integrantes de la OCEZ-Chiapas. Además, cabe señalar que una serie de agravios de los grupos actualmente en conflicto nunca fueron investigados. Por lo anterior ubicamos la responsabilidad clara de la Secretaria General de Gobierno, (en ese entonces encabezada por Noé Castañón), por acción y omisión para impedir los hechos violentos que generaron violaciones de difícil reparación, ya que ellos tenían conocimiento pleno de la situación imperante en Venustiano Carranza, además de que cada uno de los grupos alertó de la posibilidad de los hechos sucedidos el 5 de mayo, sin que el gobierno actuara. Por lo tanto vemos que se violentaron de esta manera el derecho a la vida, integridad y seguridad personal de los ciudadanos que están bajo jurisdicción del Estado. Patrón represivo del gobierno de Chiapas a través de Detenciones Arbitrarias y Tortura Después de los hechos del 5 de mayo, testigos de la región y fuentes periodísticas, confirman que el clima en la región se tensó aún más; el gobierno mexicano introdujo de manera desproporcionada elementos de fuerzas de seguridad, sitiando la cabecera municipal con efectivos de la Marina, Policía Estatal y Ministerios Públicos. El 23 de mayo de 2013, integrantes de la OCEZ-CP-FNLS se encontraban manifestándose en un plantón en la Plaza de la Paz en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, cuando 11 campesinos fueron privados arbitrariamente de la libertad por efectivos de la Policía Estatal y Ministerios Púbicos, bajo las órdenes de la Secretaria General de Gobierno con la finalidad de orillar a la OCEZ-CP-FNLS a negociar de acuerdo a los intereses que se disputan en la región. Los nueve detenidos actualmente se encuentran recluidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados CERSS No.14 del municipio de Cintalapa. El día miércoles 23 de mayo salí con una comisión de la comunidad para una manifestación a la plaza de la catedral en San Cristóbal. Íbamos a denunciar la persecución y hostigamiento, años anteriores habían problemas. El día miércoles allí nos quedamos somos ocho compañeros, como a las 10:00 u 11:00 hrs. de la noche pusimos nuestros nailitos, estaba lloviendo, para regresar al día siguiente. Como a las 3:00 o 3:30 hrs. de la mañana entró la policía en nuestro campamento, nos empezaron a golpear, no sabía quiénes eran, pensábamos que eran ladrones pero nos dimos cuenta que eran muchos, habían unos 100 elementos y nos sacaron del campamento, me aventaron en un carro doble cabina color azul, mis compañeros ya no los vi si iban en el carro, nos llevaron a la procuraduría y allí encontré a mis compañeros de nosotros. No sabía porque la detención, en la procuraduría nos interrogaron los agentes, nos amenazó que como sabíamos por qué estamos detenidos sobre el 5 de mayo. No sabía porque no estuve allí y el agente dice que yo estuve quemando casas, que me iban a partir la madre, eso dicen los agentes, los agentes estaban tapados de la cara. Según testimonios de las víctimas, de las 11 personas detenidas, dos de ellas fueron torturadas y cuatro liberadas. La finalidad de la tortura fue que denunciarán a los líderes del FNLS. Nos llevaron a Chiapa de Corzo para declarar de lo que pasó en Carranza, que confesáramos y de allí me metieron en un cuartito con dos agentes y me dice quítate la ropa y me golpeó en el pecho y me tuve que quitar todo, pantalón y camisa, me vendó la cara y las manos amarradas para atrás, escuché que estaban mojando algo y me dio tres golpes en el pecho, tres en la espalda y tres en la cabeza con la mano, mientras me preguntaban quienes son los lideres y dónde están las armas y quien mueve todo este desmadre. Y les dije que no sé y me pusieron boca abajo y me pusieron un trapo en la boca, con la misma camisa mojada me taparon, sentí que se me iba la respiración. Me preguntaban qué actividades hice el día 5 de mayo, les dije que en mi parcela estaba trabajando y no me creyeron. Y allí entró otra persona y ésta dijo ya no lo golpeen, porque tienen una visita, me soltó la mano y me vestí. Antes de salir del cuarto me quitaron la venda, en la computadora me mostraron nombres si los conocía, me amenazaban mucho, una persona estaba haciendo mi declaración a su modo yo le dije que eso no fue así. Me dice que culpe a otra persona que eso me beneficia para que salga libre pronto. La otra persona torturada refiere lo siguiente: Me despertaron con un puño en el ojo izquierdo, luego fui arrastrado, por parte de un policía a una camioneta, tipo lobo, de color blanco, sujetado boca abajo y de ahí trasladado junto a las otras 11 personas en la procuraduría de Tuxtla Gutiérrez donde me quitaron mi celular. Después de dos horas, me trasladaron a Chiapa de Corzo, me quitaron la camiseta, esposaron, me pusieron una venda, y, por dos personas, me tiraron en el piso, con una bolsa de plástico en la cabeza con agua y fui amenazado para que diera el nombre de los líderes del movimiento y quienes llevaban las armas. Por la noche fui amenazado por una licenciada quien me dijo que si no hacía los nombres de los líderes no me soltaban. El 26 de mayo de 2013, integrantes de la OCEZ-CP-FNLS se trasladaban en tres camionetas a San Cristóbal de Las Casas, cuando en el entronque conocido como el Carmelito, que se encuentra casi a la entrada de la ciudad de Teopisca, la Policía Estatal les hizo la parada y de manera selectiva detuvo de manera arbitraria a cinco integrantes más de la OCEZ-CP-FNLS, quienes se encuentran privados arbitrariamente de la libertad en el CERSS No.14 del municipio de Cintalapa. El 26 de mayo, aproximadamente a las 10:00 u 11:00 hrs. de la mañana me detuvieron. Llevaba ocho blusas que iba a ir a vender, llegamos al Carmelito, yo iba en una combi de pasajeros, cuando ahí estaban personas vestidas de azul y otras de negro; estaban armados y no se identificaron y pararon a las combis, yo iba en el asiento de delante de la combi y me pidieron identificación, la mostré mi credencial y mi curp y mi identificación de artesanías, me bajaron del carro y empecé a platicar con ellos y me dijeron que me subiera a un carro blanco, era una patrulla y me subí. No me mostraron ninguna orden cuando me agarraron. Llegamos a Tuxtla como a las una de la tarde, ahí nos tomaron fotos de frente y de perfil, después de tres horas. No declaré ahí, me preguntaban los policías por qué tapé, que por qué quemé. No me permitieron hacer llamadas. Después como a las 5:00 hrs. de la tarde fui trasladado al Amate. El 17 de junio de 2013, se realizaron tres detenciones más con el mismo patrón de acción en contra de integrantes de la OCEZ-CP-FNLS. El 17 de junio comenzaron de nuevo las agres
iones por parte del gobierno, comenzaron allanando la casa del Comisariado de Bienes Comunales, el compañero José Vázquez Hernández para detenerlo, pero no lo encontraron en su casa; desde ahí empezaron de nuevo los sobrevuelos de helicópteros y la incursión de la Policía Estatal y Ministerial en los barrios de Venustiano Carranza. El martes 18 de junio a las 4:30 hrs. de la tarde, alrededor de 30 camiones tipo ‘torton’ con cientos de elementos de la Policía Estatal Preventiva arribaron a las entradas de la cabecera municipal, entrando por el barrio de San Francisco y de San Pedro con lujo de violencia, tirando gases lacrimógenos, realizando disparos al aire, golpeando y deteniendo a personas que se encuentran a su paso; estas acciones son apoyadas por dos helicópteros que también lanza gas lacrimógeno a la población en general, afectando gravemente a mujeres, niños y ancianos que quedaron atrapados en sus casas. Todo esto está ocurriendo justo cuando se iba a instalar la segunda mesa de diálogo de la OCEZ Casa del Pueblo con el gobierno estatal, y se tenía otra programada para el miércoles 19 de junio, por lo que vemos que no hay voluntad mínima para respetar el acuerdo de los temas a tratar. Actualmente de todos los detenidos nueve personas son las que se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad. Además existen aproximadamente 167 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, con lo que se ve la intención de mantener un clima de alerta y terror permanente en la cabecera municipal de Venustiano Carranza. Conclusiones: De lo documentado, las organizaciones firmantes responsabilizan al gobierno de Chiapas, específicamente a los funcionarios de la Secretaria General de Gobierno por ser omiso en atender la problemática, ya que tenía pleno conocimiento de la situación, por las siguientes consideraciones: 1.-El estado de Chiapas tiene como responsabilidad básica el deber de garantizar la vida humana y de prevenir que alguien sea privado de la vida ilegalmente. Por lo que concierne a este hecho el estado de Chiapas – lo cual se ha reiterado en este informe – tenía conocimiento de las tensiones en Venustiano Carranza y no actuó en conformidad. Como resultado, la situación se empeoró y dos personas, Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez, fueron asesinadas. En vez de investigar, el estado respondió con acciones penales en contra de un grupo políticamente no favorecido él. Por lo consiguiente el gobierno ha omitido investigar las circunstancias y las identidades de los verdaderos perpetradores que asesinaron a las dos personas referidas. Por lo cual se violaron los diversos instrumentos legales como son: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 14, párrafo segundo, y párrafos primero y cuarto; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art 4o; entre otros tratados internacionales. 2.- Ante el fracaso de evitar los hechos de violencia generalizada, el gobierno permitió y fomentó que se desataran acciones desmedidas a la vida privada y en los domicilios de los afectados. Esto constituye una violación al derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad personal, a la honra y a la dignidad, derechos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Arts. 16, 18 y 19; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 5o, 7o, 11, 14 y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros instrumentos internacionales. 3.-Los hechos aquí reflejados son una constante en la región; en donde se involucran una serie de intereses en disputa del territorio y del poder para el control poblacional en la zona. Dichos intereses tienen una constante de despojo a los pueblos y represión a quienes luchan por una vida digna. Los problemas cíclicos en Venustiano Carranza son consecuencia de la acción constante de tales grupos de poder. Ante los hechos de violencia generalizada en la región de Venustiano Carranza, las organizaciones que suscribimos el presente informe instamos al gobierno del estado de Chiapas a: Primero: Realizar acciones de justicia efectiva para detener a la persona o personas que privaron de la vida a los señores Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez, ambos integrantes de la OCEZ-Chiapas. Segundo: Dar condiciones dignas a las 42 familias, 344 personas desplazadas, debido a su situación de emergencia; esto para atenuar las precarias condiciones de vida, atendiendo principalmente a niños, niñas, ancianos, ancianas y mujeres, mientras se propicia el resarcimiento y restitución pleno de derechos que les corresponde de acuerdo a los Principios Rectores de las Personas Internamente Desplazadas marcada por la Organización de Naciones Unidas, el cual considera imperante atender la situación de manera integral, debido a que se trata de violaciones a los derechos humanos múltiples y continuadas. Tercero: Una investigación efectiva que dé como resultado la detención de quienes actuaron en el desplazamiento forzado de las 42 familias, así como en los actos de destrucción y robo a bienes materiales pertenecientes a miembros de la OCEZ- Chiapas. Así mismo, proporcionarles condiciones de retorno o de reubicación digna. Cuarto: La liberación inmediata de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, que fueron detenidas en una estrategia de represión selectiva para obligar a la OCEZ-CP-FNLS a ceder de acuerdo a los intereses políticos; y la cancelación de las 167 órdenes de aprehensión que fueron emitidas de manera indiscriminada en la mayoría de los casos y de manera selectiva a los líderes de la región. Quinto: Una investigación efectiva para el castigo a los responsables de los dos actos de tortura, realizados por la Policía Estatal y Ministerios Públicos, junto al apoyo y cobertura de la Marina Nacional. Sexto: Generar condiciones que garanticen el derecho a la integridad y seguridad personal de los pobladores, tanto de la OCEZ-CP-FNLS, así como de la OCEZ-Chiapas, que vaya encaminado a acuerdos que restituyan el tejido social para la convivencia pacífica entre los pobladores de la región del municipio de Venustiano Carranza.
Centro de Derechos Indígenas, AC (Cediac),
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, AC (Coreco),
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC (Desmi),
Educación Para la Paz, AC (Edupaz),
Servicio Internacional Para la Paz (Sipaz),
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba).
