x carolina
El 6 de marzo de 2013, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México decidieron que doce años de injusticia no son suficientes para Alberto Patishtán Gómez. Al tener la oportunidad de reasumir su competencia para hacer un estudio profundo que hubiera mostrado la inocencia del profesor tzotzil, se declararon incompetentes. ¿Incompetentes? Sí, es cierto. Incompetentes para cumplir con su obligación. Incompetentes para hacer justicia.
A los parásitos Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo, quienes cobran sueldos de aproximadamente 4 millones de pesos al año (sin contar prestaciones, aguinaldos, asignaciones adicionales, etc.), no les interesa en lo más mínimo revisar el caso de un digno profesor condenado a 60 años en prisión por el terrible crimen de luchar por la justicia social entre gente pobre e indígena. Se suponía que iba a haber una audiencia para discutir el proyecto de dictamen elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero y apoyado por el ministro Arturo Zaldívar. Pero no. Con menos de diez palabras secas y burocráticas sobre la falta de elementos, los tres ministros bloquearon el proyecto. Ni siquiera se sentían obligados a dar sus razones. Tan descarada es la arrogancia del poder.
Los familiares de Alberto Patishtán, por otro lado, habían viajado desde Chiapas con altas esperanzas de que por fin la justicia se hiciera. Pero su optimismo se convirtió en consternación, indignación y tristeza al escuchar las palabras de los ministros.
Al salir de la sala, Gabriela Patishtán, hija de Alberto, dijo en entrevista: “Estamos indignados, decepcionados ante la respuesta de los ministros. A lo mejor por ser indígena, por no tener influencia, a mi papá se le negó la libertad siendo inocente. Pero a la francesa Florence Cassez, por tener influencias, se le otorgó la libertad siendo culpable. No hay justicia en nuestro país. No hay igualdad”.
Héctor Patishtán, el hijo de Alberto agrega: “Quedamos decepcionados de la justicia en México. Otra vez se demuestra que hay discriminación contra los pueblos indígenas. Y si la Suprema Corte hubiera reconocido la inocencia de mi papá, esto habría ayudado a miles de otras personas inocentes que han pasado muchos años en prisión”.
Dice Cecilia Santiago, quien acompañó a la familia en su viaje: “Estamos indignados. Es una muestra de cómo la justicia en México es racista. Estamos tristes, preocupados… Nos están dando la espalda”.
Durante la espera de casi dos horas para la llegada de los ministros afuera de la sala, Gaby, Héctor y su tío Faustino López Ruiz habían platicado de sus esperanzas. “Por primera vez desde que le negaron un amparo en el 2003, tenemos una nueva estrategia legal que debe obligarles a dictar la libertad de mi papá”, dice Gaby. “Me siento un poco nervioso porque hay mucho en juego hoy”, dice Héctor. ¿Tendrían que presentar nuevas pruebas? Explican que los abogados Leonel y Sandino Rivera ya han presentado una tesis que, entre otras cosas, obliga la anulación de pruebas obtenidas a través de violaciones del debido proceso, como los testimonios falsos de unos oficiales que juraron haber estado en dos distintos lugares en un momento dado.
La familia también habló de la vida y lucha de Alberto Patishtán en su comunidad y en las cárceles de Chiapas. “Somos del pueblo El Bosque en las montaña de Chiapas,” dijo Fautino López Ruiz. “Desde el primer momento cuando detuvieron a Alberto el 19 de junio de 2000 hasta ahora, él ha tenido el apoyo de nuestra comunidad. En aquel entonces todos estábamos hartos de la injusticia y represión que existía. Alberto dijo que no teníamos por qué aguantar todo eso, que teníamos que organizarnos. Las autoridades saben que él no tuvo nada que ver con la emboscada [donde murieron siete policías]. Estuvo en otro lugar y lo saben muy bien. En El Bosque apreciamos mucho a Alberto. Lo queremos. Lo extrañamos. Queremos que vuelva con nosotros”.
Dice Gaby que su papá estaba trabajando honradamente como profesor de primaria y también ayudando a la gente a organizarse porque habían sufrido mucho. “El presidente municipal era muy corrupto. Venían las elecciones y él quería quedarse en el poder. Desgraciadamente justamente cuando mi papá había ayudado a la gente a documentar todos los abusos que ese presidente había ocasionado, ocurrió la emboscada. Al hijo del presidente municipal le dispararon. Entonces echaron la culpa a mi papá. Su caso es político. Él es inocente”.
Los familiares de Alberto Patishtán mencionan algunas de las violaciones de sus derechos, incluyendo su detención sin orden de aprehensión, su tortura, y el hecho de que fue obligado a dar su declaración sin abogado. No hubo traductor. A pesar de las pruebas a su favor, fue injustamente acusado de delitos federales de homicidio y lesiones calificadas, robo calificado, daños y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Además, durante los largos años de su encarcelamiento se le negaron buenos diagnósticos médicos que hubieran detectado un tumor que le causó fuertes dolores de cabeza y casi le dejó ciego.
Dicen Héctor y Gaby que su papá es conocido en El Bosque y en las prisiones de Chiapas como alguien que siempre ve por la gente humilde y le ayuda a organizarse para conseguir justicia y derechos humanos. Sin él, no existiría la organización de presos La Voz del Amate en el CERESO # 14 en Cintalapa, o Solidarios con La Voz del Amate en CERESO #5 cerca de San Cristóbal de las Casas. Estos grupos han realizado varias huelgas de hambre que han resultado en la liberación de cientos de presos indígenas. Cuentan que el 20 de octubre de 2011 su papá fue trasladado en secreto al penal Guasave en Sinaloa, a 2,000 kilómetros de su hogar como represalia por iniciar una huelga de hambre.
Cuando Alberto fue detenido en el año 2000, Gaby sólo tenía 9 años y Héctor 3. Afirman que la familia ha sufrido por no tenerlo en casa. Han podido visitarlo en prisión en Chiapas, pero “no es lo mismo”. Y cuando lo trasladaron a Guasave estuvo mucho más difícil. “Las autoridades pusieron todo tipo de traba,” dice Gaby. “Por ejemplo tuvimos que darles no solo una, sino cinco actas de nacimiento. Hubo muchas humillaciones, largas horas de espera para verlo solo unos minutos”. Héctor agrega que él viajó desde Chiapas hasta Sinaloa dos veces sin poder visitar a su papá una sola vez. Cuenta que la nueva prisión de ultra máxima seguridad donde Alberto estuvo encarcelado es “un centro de tortura como Guantánamo”. Dice que allí los presos están aislados y en una semana Alberto sólo podía salir al patio una vez.
Sin embargo, dice Gaby, “Mi papá siempre tiene una actitud positiva y siempre ayuda a los otros presos.” ¿Cómo le ha hecho para organizar a tanta gente en las cárceles para movilizarse? “Es su fe”, dice Héctor. “Es un hombre muy espiritual”. “Sí,” dice Gaby, “y tiene un fuerte compromiso de lucha. Nunca se da por vencido”.
¿Qué va a pasar ahora? Dice Gaby que “independiente de lo que haya pasado Dios nos va a abrir otros puertos y vamos a seguir luchando por la libertad de mi papá”.
El abogado Leonel Rivera explica que “La primera sala dejó pasar la oportunidad de establecer precedentes valiosos y realmente nos genera confusión e indignación esta situación… Quedamos consternados totalmente con cómo votaron los ministros Pardo Rebolledo, Cossío Díaz y Ortiz Mena. Pero por supuesto que todavía hay posibilidades de que el profesor Patishtán consiga su libertad. Los argumentos que hicimos valer son suficientemente sólidos. Ahora el asunto regresa al Primer Tribunal Colegiado en Chiapas, que será finalmente la instancia que se pronunciará. En caso de que decidiera que es improcedente tendríamos que seguir adelante con la vía del sistema Interamericano”.
Cecilia Santiago afirma que “Alberto, desde el CERESO 5 seguramente va a convocar acciones de resistencia, de dignidad para seguir luchando para su libertad porque es inocente… y también porque miles y miles de hombres y mujeres en México están injustamente encarcelados… La fortaleza espiritual y moral y el liderazgo que tiene Alberto nos da esa fortaleza para seguir”.
Dice Héctor: “A pesar de la decisión de los ministros, no hemos perdido la guerra, sino todo lo contrario. Esto va a servir de experiencia para que nos dé más fuerza y ánimos. Queremos pedirles a ustedes que nos escuchen. Vamos a necesitar el apoyo de ustedes para las manifestaciones que seguramente se van a dar en estos próximos días y semanas. Será una gran ayuda para nosotros la familia”.
PD. Cabe señalar que entre los muchos mensajes, cartas, oraciones, declaraciones y actos de solidaridad que se han hecho en Chiapas y el mundo para exigir la libertad de Alberto Patishtán, las palabras de un compañero en particular ahora adquieren un significado especial. Se trata de Kuy Kendall, quien fue gravemente herido al ser disparado en la cabeza por la policía durante las protestas contra la toma de poder de Enrique Peña Nieto el pasado 1 de diciembre y sigue hospitalizado. El 8 de noviembre de 2011, en una protesta afuera de la Dirección de Centros Penitenciarios Federales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el DF para exigir la libertad inmediata de todos los compañeros que habían estado en huelga de hambre y el regreso a Chiapas del profesor Alberto Patishtán, quien todavía se mantenía incomunicado después de su traslado a Guasave, Kuy preguntó: “¿Dónde está? Aquí estamos preguntando dónde está Alberto Patishtán. Contesten. Sean democráticos mínimamente. ¿En dónde lo tienen? Esa es la cuestión. Y lo denunciamos perfectamente bien con pelos y señales y les dijimos que le exigimos su libertad inmediata. Por eso estamos aquí. Para exigir libertad para el compañero que no ha cometido ningún delito”.
El 6 de marzo de 2013, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México decidieron que doce años de injusticia no son suficientes para Alberto Patishtán Gómez. Al tener la oportunidad de reasumir su competencia para hacer un estudio profundo que hubiera mostrado la inocencia del profesor tzotzil, se declararon incompetentes. ¿Incompetentes? Sí, es cierto. Incompetentes para cumplir con su obligación. Incompetentes para hacer justicia.
A los parásitos Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo, quienes cobran sueldos de aproximadamente 4 millones de pesos al año (sin contar prestaciones, aguinaldos, asignaciones adicionales, etc.), no les interesa en lo más mínimo revisar el caso de un digno profesor condenado a 60 años en prisión por el terrible crimen de luchar por la justicia social entre gente pobre e indígena. Se suponía que iba a haber una audiencia para discutir el proyecto de dictamen elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero y apoyado por el ministro Arturo Zaldívar. Pero no. Con menos de diez palabras secas y burocráticas sobre la falta de elementos, los tres ministros bloquearon el proyecto. Ni siquiera se sentían obligados a dar sus razones. Tan descarada es la arrogancia del poder.
Los familiares de Alberto Patishtán, por otro lado, habían viajado desde Chiapas con altas esperanzas de que por fin la justicia se hiciera. Pero su optimismo se convirtió en consternación, indignación y tristeza al escuchar las palabras de los ministros.
Al salir de la sala, Gabriela Patishtán, hija de Alberto, dijo en entrevista: “Estamos indignados, decepcionados ante la respuesta de los ministros. A lo mejor por ser indígena, por no tener influencia, a mi papá se le negó la libertad siendo inocente. Pero a la francesa Florence Cassez, por tener influencias, se le otorgó la libertad siendo culpable. No hay justicia en nuestro país. No hay igualdad”.
Héctor Patishtán, el hijo de Alberto agrega: “Quedamos decepcionados de la justicia en México. Otra vez se demuestra que hay discriminación contra los pueblos indígenas. Y si la Suprema Corte hubiera reconocido la inocencia de mi papá, esto habría ayudado a miles de otras personas inocentes que han pasado muchos años en prisión”.
Dice Cecilia Santiago, quien acompañó a la familia en su viaje: “Estamos indignados. Es una muestra de cómo la justicia en México es racista. Estamos tristes, preocupados… Nos están dando la espalda”.
Durante la espera de casi dos horas para la llegada de los ministros afuera de la sala, Gaby, Héctor y su tío Faustino López Ruiz habían platicado de sus esperanzas. “Por primera vez desde que le negaron un amparo en el 2003, tenemos una nueva estrategia legal que debe obligarles a dictar la libertad de mi papá”, dice Gaby. “Me siento un poco nervioso porque hay mucho en juego hoy”, dice Héctor. ¿Tendrían que presentar nuevas pruebas? Explican que los abogados Leonel y Sandino Rivera ya han presentado una tesis que, entre otras cosas, obliga la anulación de pruebas obtenidas a través de violaciones del debido proceso, como los testimonios falsos de unos oficiales que juraron haber estado en dos distintos lugares en un momento dado.
La familia también habló de la vida y lucha de Alberto Patishtán en su comunidad y en las cárceles de Chiapas. “Somos del pueblo El Bosque en las montaña de Chiapas,” dijo Fautino López Ruiz. “Desde el primer momento cuando detuvieron a Alberto el 19 de junio de 2000 hasta ahora, él ha tenido el apoyo de nuestra comunidad. En aquel entonces todos estábamos hartos de la injusticia y represión que existía. Alberto dijo que no teníamos por qué aguantar todo eso, que teníamos que organizarnos. Las autoridades saben que él no tuvo nada que ver con la emboscada [donde murieron siete policías]. Estuvo en otro lugar y lo saben muy bien. En El Bosque apreciamos mucho a Alberto. Lo queremos. Lo extrañamos. Queremos que vuelva con nosotros”.
Dice Gaby que su papá estaba trabajando honradamente como profesor de primaria y también ayudando a la gente a organizarse porque habían sufrido mucho. “El presidente municipal era muy corrupto. Venían las elecciones y él quería quedarse en el poder. Desgraciadamente justamente cuando mi papá había ayudado a la gente a documentar todos los abusos que ese presidente había ocasionado, ocurrió la emboscada. Al hijo del presidente municipal le dispararon. Entonces echaron la culpa a mi papá. Su caso es político. Él es inocente”.
Los familiares de Alberto Patishtán mencionan algunas de las violaciones de sus derechos, incluyendo su detención sin orden de aprehensión, su tortura, y el hecho de que fue obligado a dar su declaración sin abogado. No hubo traductor. A pesar de las pruebas a su favor, fue injustamente acusado de delitos federales de homicidio y lesiones calificadas, robo calificado, daños y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Además, durante los largos años de su encarcelamiento se le negaron buenos diagnósticos médicos que hubieran detectado un tumor que le causó fuertes dolores de cabeza y casi le dejó ciego.
Dicen Héctor y Gaby que su papá es conocido en El Bosque y en las prisiones de Chiapas como alguien que siempre ve por la gente humilde y le ayuda a organizarse para conseguir justicia y derechos humanos. Sin él, no existiría la organización de presos La Voz del Amate en el CERESO # 14 en Cintalapa, o Solidarios con La Voz del Amate en CERESO #5 cerca de San Cristóbal de las Casas. Estos grupos han realizado varias huelgas de hambre que han resultado en la liberación de cientos de presos indígenas. Cuentan que el 20 de octubre de 2011 su papá fue trasladado en secreto al penal Guasave en Sinaloa, a 2,000 kilómetros de su hogar como represalia por iniciar una huelga de hambre.
Cuando Alberto fue detenido en el año 2000, Gaby sólo tenía 9 años y Héctor 3. Afirman que la familia ha sufrido por no tenerlo en casa. Han podido visitarlo en prisión en Chiapas, pero “no es lo mismo”. Y cuando lo trasladaron a Guasave estuvo mucho más difícil. “Las autoridades pusieron todo tipo de traba,” dice Gaby. “Por ejemplo tuvimos que darles no solo una, sino cinco actas de nacimiento. Hubo muchas humillaciones, largas horas de espera para verlo solo unos minutos”. Héctor agrega que él viajó desde Chiapas hasta Sinaloa dos veces sin poder visitar a su papá una sola vez. Cuenta que la nueva prisión de ultra máxima seguridad donde Alberto estuvo encarcelado es “un centro de tortura como Guantánamo”. Dice que allí los presos están aislados y en una semana Alberto sólo podía salir al patio una vez.
Sin embargo, dice Gaby, “Mi papá siempre tiene una actitud positiva y siempre ayuda a los otros presos.” ¿Cómo le ha hecho para organizar a tanta gente en las cárceles para movilizarse? “Es su fe”, dice Héctor. “Es un hombre muy espiritual”. “Sí,” dice Gaby, “y tiene un fuerte compromiso de lucha. Nunca se da por vencido”.
¿Qué va a pasar ahora? Dice Gaby que “independiente de lo que haya pasado Dios nos va a abrir otros puertos y vamos a seguir luchando por la libertad de mi papá”.
El abogado Leonel Rivera explica que “La primera sala dejó pasar la oportunidad de establecer precedentes valiosos y realmente nos genera confusión e indignación esta situación… Quedamos consternados totalmente con cómo votaron los ministros Pardo Rebolledo, Cossío Díaz y Ortiz Mena. Pero por supuesto que todavía hay posibilidades de que el profesor Patishtán consiga su libertad. Los argumentos que hicimos valer son suficientemente sólidos. Ahora el asunto regresa al Primer Tribunal Colegiado en Chiapas, que será finalmente la instancia que se pronunciará. En caso de que decidiera que es improcedente tendríamos que seguir adelante con la vía del sistema Interamericano”.
Cecilia Santiago afirma que “Alberto, desde el CERESO 5 seguramente va a convocar acciones de resistencia, de dignidad para seguir luchando para su libertad porque es inocente… y también porque miles y miles de hombres y mujeres en México están injustamente encarcelados… La fortaleza espiritual y moral y el liderazgo que tiene Alberto nos da esa fortaleza para seguir”.
Dice Héctor: “A pesar de la decisión de los ministros, no hemos perdido la guerra, sino todo lo contrario. Esto va a servir de experiencia para que nos dé más fuerza y ánimos. Queremos pedirles a ustedes que nos escuchen. Vamos a necesitar el apoyo de ustedes para las manifestaciones que seguramente se van a dar en estos próximos días y semanas. Será una gran ayuda para nosotros la familia”.
PD. Cabe señalar que entre los muchos mensajes, cartas, oraciones, declaraciones y actos de solidaridad que se han hecho en Chiapas y el mundo para exigir la libertad de Alberto Patishtán, las palabras de un compañero en particular ahora adquieren un significado especial. Se trata de Kuy Kendall, quien fue gravemente herido al ser disparado en la cabeza por la policía durante las protestas contra la toma de poder de Enrique Peña Nieto el pasado 1 de diciembre y sigue hospitalizado. El 8 de noviembre de 2011, en una protesta afuera de la Dirección de Centros Penitenciarios Federales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el DF para exigir la libertad inmediata de todos los compañeros que habían estado en huelga de hambre y el regreso a Chiapas del profesor Alberto Patishtán, quien todavía se mantenía incomunicado después de su traslado a Guasave, Kuy preguntó: “¿Dónde está? Aquí estamos preguntando dónde está Alberto Patishtán. Contesten. Sean democráticos mínimamente. ¿En dónde lo tienen? Esa es la cuestión. Y lo denunciamos perfectamente bien con pelos y señales y les dijimos que le exigimos su libertad inmediata. Por eso estamos aquí. Para exigir libertad para el compañero que no ha cometido ningún delito”.