Y pasó.La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) de México resuelve que otorga amparo a 26 indígenas sentenciados por el asesinato de 45 personas en la comunidad de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.
Un triunfo de la justicia según los abogados defensores pertenecientes al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), algo que sentará precedente en México frente a las injusticias que sufren los pueblos indígenas mexicanos. Con esta resolución se pone fin a los más de once años de prisión que estas personas sufrían por su participación en la masacre llevada a cabo en la comunidad de Acteal en los Altos de Chiapas. Participación que no se niega en el fallo dictado por los ministros, como ellos mismos se justifican: «El fallo no implica que sean inocentes«. Lo que se juzgó es el proceso de encarcelación. Un triunfo de la justicia según un grupo de intelectuales que desde 2006 recuperan informes y vuelven a contrastar las declaraciones de los acusados para plantear nuevas hipótesis donde no sólo los agresores queden absueltos mediáticamente, sino que se culpabilice a los que sufrieron las agresiones. Un triunfo de la justicia que celebran agentes políticos y militares de Chiapas y México, por hacer valer el estado de derecho, por devolver la confianza a las instituciones públicas y no pagar una grave injusticia (Masacre de Acteal) con otra (error en el proceso judicial).
Un triunfo de la justicia que olvida, quien sabe si por ciega o por interesada, algunos detalles.
Once años y ocho meses después del asesinato de 45 personas mientras hacían ayuno y oración pidiendo por la paz en su región se olvida el por qué de sus muertes. El por qué esa mañana bajaron de comunidades vecinas personas con armas de alto calibre y acribillaron a dieciseis menores, veinte mujeres (cuatro de ellas embarazadas) y nueve hombres. Se olvida que personas de Acteal, para sobrevivir, tuvieron que fingir su muerte entre los cuerpos sin vida de sus familiares y amigos y durante varias horas escucharon y vieron a sus agresores, los mismos que durante los meses previos los amenazaron, quemaron sus casas, los obligaron a salir de sus comunidades, emboscadas, secuestros, torturas. Se olvida la pertenencia de estas personas a grupos armados de «autodefensa» contrarios a comunidades simpatizantes del zapatismo. Grupos que disfrutaban de la complacencia de autoridades políticas y militares. Se olvida que esta complacencia llegaba más allá de las sonrisas y buenos modos: venta de armas, entrenamiento militar, disfrute de vehículos e instalaciones, coordinación de acciones violentas.
Se olvida que Julio César Ruíz Fierro, gobernador de Chiapas durante la masacre, declaró: “Mi presidente (municipal de Chenalhó, al que pertenece Acteal) no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a los muertos”, y en efecto envió a sus agentes para no sólo levantar los cuerpos sino desmontar toda la escena del crimen antes de que llegaran los medios de comunicación. Se olvida el miedo de los gobernantes locales, estatales y federales de México al crecimiento del movimiento zapatista y sus exigencias de justicia y dignidad en las comunidades. Se olvida la militarización de Chiapas y de los mil y un recursos inventados por las autoridades para frenar la construcción de autonomía del proyecto zapatista dentro de un plan de contrainsurgencia heredero de años de dictaduras militares en el continente.
Se olvida que hoy día continúa esa situación.
Se olvida o no se quiere ver. No se quiere ver para que se olvide. Se olvide para perpetuar la impunidad.
No se puede olvidar un crímen de estado, que se materializó a través de grupos paramilitares que a día de hoy siguen recibiendo armas y formación por parte del gobierno, que continúan con las agresiones y que son jaleados con la liberación de sus compañeros acusados por testigos presenciales de la masacre.
No podemos olvidar los intereses de paramilitares y políticos en una de las zonas más ricas en recursos naturales de todo el territorio mexicano, no podemos olvidar las vidas que se llevaron brutalmente en pos de sus intereses.
No podemos olvidar ni dejar de ver las consecuencias que traerá este futuro donde la impunidad se confunde con el triunfo de la justicia, y donde nuestro silencio resulta más atroz que las peores masacres.
Un triunfo de la justicia según los abogados defensores pertenecientes al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), algo que sentará precedente en México frente a las injusticias que sufren los pueblos indígenas mexicanos. Con esta resolución se pone fin a los más de once años de prisión que estas personas sufrían por su participación en la masacre llevada a cabo en la comunidad de Acteal en los Altos de Chiapas. Participación que no se niega en el fallo dictado por los ministros, como ellos mismos se justifican: «El fallo no implica que sean inocentes«. Lo que se juzgó es el proceso de encarcelación. Un triunfo de la justicia según un grupo de intelectuales que desde 2006 recuperan informes y vuelven a contrastar las declaraciones de los acusados para plantear nuevas hipótesis donde no sólo los agresores queden absueltos mediáticamente, sino que se culpabilice a los que sufrieron las agresiones. Un triunfo de la justicia que celebran agentes políticos y militares de Chiapas y México, por hacer valer el estado de derecho, por devolver la confianza a las instituciones públicas y no pagar una grave injusticia (Masacre de Acteal) con otra (error en el proceso judicial).
Un triunfo de la justicia que olvida, quien sabe si por ciega o por interesada, algunos detalles.
Once años y ocho meses después del asesinato de 45 personas mientras hacían ayuno y oración pidiendo por la paz en su región se olvida el por qué de sus muertes. El por qué esa mañana bajaron de comunidades vecinas personas con armas de alto calibre y acribillaron a dieciseis menores, veinte mujeres (cuatro de ellas embarazadas) y nueve hombres. Se olvida que personas de Acteal, para sobrevivir, tuvieron que fingir su muerte entre los cuerpos sin vida de sus familiares y amigos y durante varias horas escucharon y vieron a sus agresores, los mismos que durante los meses previos los amenazaron, quemaron sus casas, los obligaron a salir de sus comunidades, emboscadas, secuestros, torturas. Se olvida la pertenencia de estas personas a grupos armados de «autodefensa» contrarios a comunidades simpatizantes del zapatismo. Grupos que disfrutaban de la complacencia de autoridades políticas y militares. Se olvida que esta complacencia llegaba más allá de las sonrisas y buenos modos: venta de armas, entrenamiento militar, disfrute de vehículos e instalaciones, coordinación de acciones violentas.
Se olvida que Julio César Ruíz Fierro, gobernador de Chiapas durante la masacre, declaró: “Mi presidente (municipal de Chenalhó, al que pertenece Acteal) no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a los muertos”, y en efecto envió a sus agentes para no sólo levantar los cuerpos sino desmontar toda la escena del crimen antes de que llegaran los medios de comunicación. Se olvida el miedo de los gobernantes locales, estatales y federales de México al crecimiento del movimiento zapatista y sus exigencias de justicia y dignidad en las comunidades. Se olvida la militarización de Chiapas y de los mil y un recursos inventados por las autoridades para frenar la construcción de autonomía del proyecto zapatista dentro de un plan de contrainsurgencia heredero de años de dictaduras militares en el continente.
Se olvida que hoy día continúa esa situación.
Se olvida o no se quiere ver. No se quiere ver para que se olvide. Se olvide para perpetuar la impunidad.
No se puede olvidar un crímen de estado, que se materializó a través de grupos paramilitares que a día de hoy siguen recibiendo armas y formación por parte del gobierno, que continúan con las agresiones y que son jaleados con la liberación de sus compañeros acusados por testigos presenciales de la masacre.
No podemos olvidar los intereses de paramilitares y políticos en una de las zonas más ricas en recursos naturales de todo el territorio mexicano, no podemos olvidar las vidas que se llevaron brutalmente en pos de sus intereses.
No podemos olvidar ni dejar de ver las consecuencias que traerá este futuro donde la impunidad se confunde con el triunfo de la justicia, y donde nuestro silencio resulta más atroz que las peores masacres.
[ Historia de la Masacre de Acteal, antecedentes y consecuencias ]