El fin del sexenio anterior pone término a doce años de gobiernos panistas cuyas políticas públicas en relación con los pueblos indígenas fueron de abandono. Este periodo logró borrar de la agenda política y mediática las luchas por la defensa y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, disminuyéndola a un simple tema de asistencia social. Desde la perspectiva panista, las condiciones de empobrecimiento, despojo, discriminación y no reconocimiento de los derechos de las comunidades se resolvería, en 15 minutos, a través de programas sociales, asistencialistas y sin impacto regional. El modelo de desarrollo que estos gobiernos impulsaron en los territorios indígenas fue de total despojo. Para muestra, la industria minera. Desde el año 2000, las empresas mineras han recibido en concesión la cuarta parte del territorio de país, la mayoría en territorios indígenas. El expolio territorial, ambiental y económico no generó beneficio alguno a las comunidades, sino que incrementó su vulnerabilidad y las resistencias y luchas por el territorio. Las luchas y resistencias indígenas, estos sexenios, fueron vistos como inhibidores de la inversión privada nacional y transnacional; opositores al progreso que habrían de rendirse a cambio de un tinaco, piso firme y oportunidades.

Desde la campaña y durante sus primeros días, el gobierno del nuevo viejo PRI no mostró ningún indicio de que cambiaría las políticas de sus antecesores. Sus propuestas fueron vagas y omisas en relación al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos. El nombramiento de Nuvia Mayorga como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha sido cuestionado por diversas organizaciones indígenas. Su falta de experiencia y conocimiento en el tema no tiene importancia frente al mérito de ser cercana al Secretario de Gobernación Osorio Chong.
Nuevamente, lo indígena como botín político.

Pero, el silencio irrumpió y aguó la fiesta. Cuarenta mil bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional – en su mayoría jóvenes- marcharon, en silencio, por cinco ciudades de la geografía chiapaneca. Primero su silencio, su caminar, su subir –todas, todos- una tarima y alzar el puño. Luego su palabra de acompañar otros movimientos sociales, especialmente al Congreso Nacional Indígena. Así en un cerrar y abrir de la cuenta larga del calendario maya, México recordó sus asignaturas pendientes con los pueblos y comunidades indígenas.

Las reacciones no se hicieron esperar. El Congreso Nacional Indígena, los comuneros de Cherán, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, entre otros movimientos sociales saludaron al EZLN. Los medios de comunicación voltearon sus cámaras a aquellos rincones olvidados de la patria y sus columnas de opinión desempolvaron ese pendiente que se llama Acuerdos de San Andrés. La izquierda electoral desmemoriada les reclamó su ausencia en las épocas electorales. El gobierno estatal invitó a dialogar a los rebeldes. El gobierno federal –luego de constatar que sí los conocen- creó con carácter de urgente la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y abrió el telón para la presentación estelar de la Cruzada contra el Hambre y la Pobreza.

Y nuevamente, los movimientos indígenas, sus derechos, luchas y resistencias encontraron la grieta a través de la cual modificar la coyuntura política y mediática que las mantenía en un conveniente olvido. Aunque Jaime Martínez Veloz, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, ha declarado su respeto y admiración por el EZLN, llamado a aprobar los Acuerdos de San Andrés y denunciado el despojo territorial que empresas mineras hacen bajo el ala protectora de los tres niveles del estado a lo largo y ancho de todo México, sus posibilidades de acción son muy reducidas. El reto principal no será acercarse a las comunidades indígenas, sino lograr que el propio estado esté dispuesto a modificar sus propios marcos legales y normativos para potenciar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No solamente a apadrinar las prácticas y festividades mercantilizables turísticamente, sino garantizar que los pueblos indígenas ejerzan sus derechos a la libre determinación; a la consulta libre, previa e informada; al uso y disfrute de su propio territorio, incluidos los recursos naturales que allí se encuentran; a la organización de sus propias instituciones de seguridad y justicia. Para lograrlo deberá convencer a propios y extraños que las comunidades indígenas no son quiénes se oponen al desarrollo y las inversiones, sino que el modo actual de impulsar a toda costa los megaproyectos mineros, forestales, eólicos, carreteros, hídricos, turísticos solamente han generado empobrecimiento, despojo, emigración y violencia en las comunidades indígenas.
La democracia, justicia y paz en este país pasa forzosamente por el reconocimiento y respeto pleno a los derechos de los pueblos indígenas. Urge que se aprueben los Acuerdos de San Andrés, se armonicen las constituciones federal y estatales de acuerdo a los más avanzados tratados internacionales en la materia, se generen consultas libres, previas e informadas en todos y cada uno de los proyectos que afecten territorios indígenas, se liberen a todos los indígenas presos políticos. ¿Por dónde empezar? Menciono algunas propuestas: por revocar las concesiones mineras en Wirikuta, Tarahumara; detener el hostigamiento de las empresas eólicas a las comunidades zapotecas y huaves del Istmo de Tehuantepec; reconocer los aportes que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria ha hecho a la seguridad de la Costa Chica de Guerrero; defender las variedades de maíz criollo del embate transgénico.

De ese tamaño es el reto. ¿Estarán a la altura o, una vez más, traicionaran su palabra?

@preynae

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Publicado originalmente en: http://bit.ly/Ved3ML

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