Él, se llama Adolfo, pero todos le llaman Fito. Está casado y tiene dos hijos. Vive en Comitán Domínguez, un pequeño pueblito en el estado de Chiapas a pocas horas de la frontera con Guatemala. ¿Su trabajo? Trabaja en la organización social Enlace de Comunicación Comunitaria. Da talleres y asesorías sobre desarrollo local a organizaciones y comunidades indígenas y campesinas de Chiapas.
Por alguna de estas razones, aún no se sabe cuál exactamente, el día 8 de noviembre de 2009, 20 efectivos de la Policía Estatal Preventiva entraron en su casa a las tres y media de la mañana. Con todo lujo de violencia sacaron de la cama a toda la familia, los encañonaron e interrogaron sobre su trabajo. No dieron razones.
El día 10 de ese mismo mes decidieron poner una denuncia en un juzgado, y para el 25 ya tenían una primera nota esperando en su casa: “Soy su vecino. Anoche estuvieron 5 hombres vigilando la casa, tengan cuidado por favor cuiden a sus hijos”. En el juzgado le dieron cita para declarar el día 16 de diciembre, y el 14 llegó otra nota, mucho más clara, que les quito los ánimos para ir al juzgado: “No sigan se van a morir”.
El 25 de diciembre, día de Navidad, a la una de la madrugada una llamada telefónica: “Feliz navidad, porque esta va a ser tu última navidad”.
La mañana del 6 de enero un grupo de personas que se identificaron como Policía Estatal Preventiva fue a buscarlo a su casa, no lo encontraron allí. Cuando la familia llegó en la tarde del mismo día una nueva nota con tinta roja les esperaba: “Muerte, muerte, muerte”…
…hasta hoy.
El 27 de noviembre de ese mismo año, Mariano Abarca Roblero, defensor de derechos humanos y miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, murió tras recibir tres disparos de un hombre en motocicleta. El vivía en Chicomuselo, a pocas horas de Comitán. Meses antes un operativo de la policía lo “levantó” y se lo llevo a la capital del estado. Semanas después fue liberado por la presión de personas, instituciones y organismos nacionales e internacionales.
¿Qué pasa en México?
Dicen que en México hay una guerra contra el narcotráfico. Una guerra que según algunos datos se ha cobrado la vida de siete mil setecientas veinticuatro personas en el año 2009. Una guerra que supuestamente tiene dos bandos: por un lado los viles y malvados cárteles de la droga y la delincuencia organizada y por otro nuestros iluminados políticos defensores del estado de derecho y sus leales huestes de policías y militares.
Pero este simple y maniqueo cuento no termina de convencer, y menos cuando las fronteras entre los bandos se hacen tan difusas que resulta difícil decir quién es quién.
No lo decimos nosotros:
Según informes de inteligencia civiles y militares se estima que alrededor del 62 por ciento de los agentes de policía de México han sido o son controlados por el narcotráfico.
Los Zetas, brazo armado del cartel del Golfo, que ahora funciona de forma autónoma se formó a partir de un grupo de militares que desertaron de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.
En el estado de Michoacán, en mayo de 2009, fueron detenidos diez alcaldes, diecisiete funcionarios y un juez por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Desde el 2002 el 80 por ciento de los testigos protegidos en México desaparecen: la mayoría son ejecutados.
En México no hay guerra contra el narco, en México hay una lucha de poder encarnizada donde todo vale y donde se castiga duramente al que amenaza el mantenimiento de los beneficios.
Un inmenso negocio donde todos sacan una tajada y donde cada día se lucha por un pedazo más grande. Donde las estructuras de poder arcaicas chocan contra las nuevas y aquel que se opone o perjudica un trozo de pastel es quitado de en medio.
Adolfo es alguien que molesta, no se sabe a quién. Por su trabajo en favor de los derechos humanos, en favor del desarrollo de las comunidades indígenas campesinas en Chiapas. Es nuestra elección mirar para otro lado o hacer que las amenazas que llegan constantemente a su casa no sean iguales que las que llegaron a la casa de Mariano Abarca Roblero.
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