Expresamos un firme rechazo al uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales. Si hubo delitos en manifestaciones se debe respetar debido proceso de imputados.
Hemos podido constatar múltiples abusos en las detenciones de las y los manifestantes con la finalidad aparente de reprimir no sólo la comisión de delitos, sino el legítimo derecho a la protesta social que poseemos todas y todos los ciudadanos de este país.
Hacemos un llamado a los actores estatales a presentar a todas y todos los detenidos públicamente, permitiendo el contacto con sus familiares y defensores para que puedan constatar el estado en el que se encuentran.
México D.F. a 03 de noviembre de 2012. Los hechos acontecidos a lo largo de la jornada del día 1 de diciembre y las acciones realizadas por parte de los cuerpos de seguridad federales y de distintos Estados de la República constituyen un fuerte llamado de atención a la sociedad mexicana. Las organizaciones civiles que signamos el presente comunicado nos declaramos en alerta ante la gravedad de los hechos ocurridos y nos coordinamos para poderlos documentar eficazmente.
En virtud de la información con que contamos hasta ahora, expresamos en primer lugar un firme rechazo al uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales. De la misma manera estamos conscientes que muchas de las acciones de las personas y colectivos que protestaron pueden constituir delitos, como las agresiones a los establecimientos sucedidos ese día, así como a los cuerpos policiacos. Todo acto que se pueda encuadrar en esta categoría debe de ser tratado respetando los derechos humanos, especialmente los relacionados con el debido proceso, evitando valoraciones descontextualizadas que tiendan a criminalizar el derecho a la protesta.
Queremos hacer público que hemos podido constatar múltiples abusos en las detenciones de las y los manifestantes. Hay casos registrados de varias personas heridas por el arsenal de las fuerzas policíacas en los diferentes enfrentamientos para disolver y dispersar las manifestaciones. Es fundamental recordar que las acciones estatales deben de estar guiadas en todo momento por protocolos de uso proporcional de la fuerza que fueron claramente rebasados con la finalidad aparente de reprimir no sólo la comisión de delitos, sino el legítimo derecho a la protesta social que poseemos todas y todos los ciudadanos de este país.
Entre los casos más graves que hemos podido conocer están los de Francisco Kuykendall, Uriel Sandoval y Carlos Valdivia, quienes habrían resultado gravemente heridos, pero existen muchos otros casos de heridos graves, detenciones arbitrarias, así como de abusos contra los manifestantes, especialmente en la Ciudad de México y Guadalajara, que están en proceso de documentación. Esta situación se agrava con la decisión anunciada por parte del Gobierno del Distrito Federal de fincarles cargos graves por por el delito de ataques a la paz pública en pandilla, el cual puede alcanzar una pena de cinco hasta 30 años de prisión.
En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, las organizaciones sociales emitieron un comunicado urgente denunciando 24 detenciones, así como 40 manifestantes heridos, incluso, algunos jóvenes fueron detenidos horas después de dispersada la manifestación En este caso se destaca por parte de las organizaciones civiles la presencia de presuntos agentes encubiertos y elementos de seguridad privada de la Feria Internacional del Libro quienes lanzaron piedras y botellas a los manifestantes con la finalidad de provocarlos.
De la misma manera tenemos referencias de que en distintas partes del país hubo acciones de protesta por lo que nos mantenemos alerta ante nuevas denuncias que pudiesen surgir.
Hacemos un llamado a la calma y la prudencia de la sociedad, pero también a las autoridades federales, del DF y de Jalisco para garantizar el debido proceso de las y los detenidos evitando acciones que puedan atentar contra sus derechos, presentando a todas y todos públicamente, permitiendo el contacto con sus familiares y defensores para que puedan constatar el estado en el que se encuentran. Asimismo a esclarecer quiénes son los autores materiales e intelectuales de los hechos, teniendo en cuenta que hay indicios que hubo gente “provocadora” en medio de las manifestaciones e investigar y castigar los abusos de las autoridades en contra de manifestantes. Recalcamos especialmente la obligación estatal para respetar los derechos de todas y todos los menores de edad remitidos a las agencias especiales.
Es obligación del Estado esclarecer los hechos e informar a las personas sobre lo que en realidad pasó.

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