A los pueblos de México y el mundo, 

A los medios de comunicación,

A las autoridades del Estado de Oaxaca de Juárez, 

Al Ejecutivo Federal, 

A Bernardo Vázquez Sánchez hace rato que los sicarios de la minera canadiense Fortuna Silver Mines lo andaban buscando para matarlo. ¿Cuántos asesinatos más van a perpetrar para continuar extrayendo el oro de la región e intoxicando mortalmente las aguas del Valle de Ocotlán?

El día de ayer jueves 15 de marzo de 2012 alrededor de las 20:20 hrs, fueron emboscados y atacados a quemarropa con armas de fuego de 9mm los compañeros Bernardo Vásquez Sánchez, quien resultó asesinado después de recibir dos balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vásquez Sánchez quien fue herido de bala en un brazo y la compañera Rosalinda Dionicio, quien también fue herida con dos impactos de bala en la pierna y el hombro; todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), cuando se dirigían a bordo de un automóvil hacia su comunidad fueron interceptados en el crucero de Santa Lucía Ocotlán.

Bernardo Vásquez Sánchez, ultimado en los lamentables hechos de esta noche, era uno de los dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quienes desde 2008 han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines. Dicho proyecto minero se lleva a cabo en flagrante violación de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas.

Antecedentes:

En repetidas ocasiones los miembros de la COPUVO denunciaron que la empresa minera estaba financiando a grupos armados en la comunidad con el aval del presidente municipal de San José del Progreso (Alberto Mauro Sánchez). Las autoridades estatales hicieron caso omiso a dichas denuncias, al grado de afirmar que el grupo inconforme solamente buscaba desestabilizar a la comunidad, cuando era todo lo contrario.

Esta terrible agresión es la segunda en lo que va de este año en contra los defensores ambientales de la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán. El pasado 18 de enero de 2012 el presidente municipal –ahora prófugo de la justicia- Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano, Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio agredieron impunemente, con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15), a pobladores de esa comunidad que en ese momento solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo, ocasionando la muerte del ciudadano Bernardo Méndez Vásquez, (que en eso entonces los sicarios confundieron con el ahora finado Bernardo Vázquez) así como a Abigaíl Vásquez Sánchez, hermana de Bernardo Vázquez Sánchez.

A lo anterior habría que recordar que el presidente municipal de esta comunidad cuenta con una denuncia ante la PGR por la portación y uso de este tipo de armas de alto poder, en otros conflictos violentos previamente ocurridos en esta comunidad, lo que valdría para que dicho personaje fuese cesado de sus funciones y detenido en una cárcel de alta seguridad.

Después de la agresión de enero las autoridades municipales se dieron a la fuga, razón por la cual las autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca se vieron obligadas a tomar las instalaciones de la presidencia municipal de San José del Progreso. No obstante, el grupo de autoridades criminales regresaron recientemente a la comunidad para con todo cinismo seguir atendiendo como “autoridades municipales” en una casa particular ubicada Av. Carranza No 1 esquina con Reforma, dentro de esta comunidad, sin que las autoridades del estado procedieran a detener a este grupo de asesinos al servicio de la empresa minera canadiense. De ahí que los miembros de la comunidad con plena razón atribuyan este nuevo crimen el edil Mauro Alberto Sánchez y demás integrantes del Cabildo de San José el Progreso, así como a Aarón Pérez y Servando Díaz, sin excluir de la responsabilidad principal al propio Gobierno del Estado de Oaxaca precedido por Gabino Cué, que ha permitido que las cosas lleguen hasta este punto.

Bernardo sabía perfectamente que lo estaban literalmente cazando. Aun así no se dejó intimidar en ningún momento y se mantuvo valientemente peleando, junto con sus compañeros de San José, por la defensa de las tierras, aguas y condiciones generales de vida de su comunidad. El pueblo de San José se encuentra actualmente al borde de un estallido social que podría resultar mucho más costoso. Lo cual ya debe estar bien calculado por esta empresa minera, especializada y capacitada en Perú en la implementación de este tipo de ingeniería y el maquillado de este tipo de conflictos supuestamente presentados como comunitarios.  

¿Cuántos muertos más tendremos que esperar para que el gobierno federal termine con su criminal y devastadora política de promoción de la mega minería tóxica canadiense?

Ante estos hechos denunciamos:

• Nuestra exigencia a las autoridades estatales y federales la justicia y castigo a los responsables de la muerte de Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado el día 15 de marzo del 2012.

• Nuestra exigencia a las autoridades estatales y federales la justicia y castigo a los responsables de la muerte de Bernardo Méndez Vásquez, asesinado el día 18 de enero del 2012 a casi dos meses de su muerte.

• Protección inmediata a la familia Vásquez Sánchez, quien ha perdido a un hijo y dos más han sido heridos de bala, así como a todos los luchadores sociales de la comunidad.

• Responsabilizamos al presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez y a la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines por los cobardes asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez.

• Responsabilizamos a
l titular del Gobierno de Estado de Oaxaca, Gabino Cué, por la opacidad e indolencia con la que ha actuado ante el conflicto social de San José del Progreso, traicionando su mandato de velar por los intereses populares y no por los de empresas extranjeras.

• Nuestra exigencia al Gobierno Federal la salida inmediata de la empresa asesina canadiense Fortuna Silver Mines del territorio nacional, que desde su llegada es la causante de los actos violentos en la comunidad de San José del Progreso, que ya ha cobrado dos muertos y al menos tres heridos.

Atentamente,

Asamblea Nacional de Afectados Ambientales