El Caso Chiapas: la Selva Lacandona al mejor postor

El mecanismo REDD (Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación de los bosques) resuena en la actualidad de Chiapas, México y muchos otros lugares del mundo. Fue propuesto hace unos años en la ONU como un mecanismo de compensación que ayudara para combatir el cambio climático.
Sin embargo en la Cumbre del Clima de Cancún en 2010 (COP16), esta propuesta se afianzó fuertemente gracias al impulso del Gobierno de México, quien presentó algunas «acciones tempranas» de REDD e introdujo a comunidades rurales en el mercado del carbono…

REDD ¿aporta una solución real a la crisis climática? ¿Qué relación existe con la brecha lacandona? ¿Qué lo hace un tema tan importante?

América Latina y el Caribe cuenta con abundantes recursos forestales, un 47% de las tierras, que equivalen al 22% de la superficie forestal mundial. Al menos diez países cuentan con 1.000 especies de árboles y la región es considerada en primer lugar en el mundo en cuanto al número de especies de árboles en peligro o vulnerables a la extinción. Alrededor del 12% de toda su superficie forestal está destinada principalmente a fines de producción (el promedio mundial es de 32%). En Brasil solo el 5,5% de sus bosques pertenece a esa categoría, en Uruguay el 60%; en Chile el 45% y en Perú el 37%. La región es responsable del 12% de las emisiones globales de GEI y a nivel mundial genera más en dos sectores como porcentaje de sus emisiones totales. Una, en el cambio de uso de suelo por deforestación (47% contra el 19% en el mundo); y otra, en la agricultura (20% contra el 14%) por el uso de fertilizantes y de las emisiones de metano originadas en la actividad ganadera. De 2000 a 2005, la región perdió 4,5 millones de hectáreas de cubierta boscosa. Los volúmenes más altos de emisiones los produjo América Latina con 71.000 millones de toneladas de CO2 por año.

Chiapas se lanza a la delantera en la carrera por el negocio del Cambio Climático, poniendo a sus bosques, selvas y plantaciones de monocultivos al servicio del mercado de carbono. Nuevamente, el subsidio del estado a las empresas se plasma en el negocio de la crisis climática con la participación de ONGs conservacionistas empresariales, trasnacionales, al servicio del lucro ambiental. Con varios argumentos: que el 62% de las emisiones en Chiapas proviene de cambio de uso de suelo; que REDD traerá progreso y combate a la pobreza, y que promete un negocio rentable.

Para el gobierno de Chiapas “REDD+ ha demostrado ser una estrategia de mitigación rentable, con varios co-beneficios como “la reducción de la pobreza a través de pagos de monitoreo biológico y social, e indirectamente brindando estímulos para el ecoturismo, el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y conservación de la biodiversidad.” Así, desde el 2009, el Gobierno de Chiapas inició la construcción del Programa de Acción ante el Cambio Climático en Chiapas (PACCCH) financiado por la Embajada Británica, y Conservación Internacional (CI) como actor clave en su conducción. En esta construcción participan los gobiernos federal y estatal: la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (SEMAVIHN); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); el Instituto Nacional de Ecología (INE); y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Además las ONGs conservacionistas empresariales como Pronatura y AMBIO; y con instituciones académicos como Colegio de Posgraduados (COLPOS), el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), el Tecnológico Regional del Tuxtla Gutiérrez (ITTG) y la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Para lograr sus propósitos, el PACCCH puso las bases legales y políticas con una propuesta de una
Ley general de Cambio Climático para el Estado; la conformación de una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para las dependencias gubernamentales con el fin de elaborar las estrategias de mitigación y adaptación; y un Consejo Estatal de Cambio Climático. En lo financiero propuso la creación del Fondo Ambiental del Estado de Chiapas. También el PACCCH aceleró su marcha para definir tres productos fundamentales como son el inventario de GEI; los escenarios climáticos futuros; y la línea base de Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación (REDD+) con cálculos de la cantidad de carbono contenido en la biomasa viva y en el suelo del Estado para el periodo de 1990 a 2008 y proyecciones hasta 2020, usando tier 2 y 3 de la metodología de la IPCC.

Por otro lado, el gobierno creó el grupo de REDD+ y un grupo Estatal de Servicios Ecosistémicos (GESE) con la idea de mitigar los GEI por medio de la identificación de lugares prioritarios para el pago de “servicios ecosistémicos” (captura de carbono, conservación de biodiversidad, servicios hidrológicos y sistemas agroforestales). El grupo identificó los sitios de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en la Sierra Madre, capacitó a personas en la medición y monitoreo de carbono y ejecutó proyectos piloto a nivel comunitario en la Reserva la Biosfera El Ocote. El componente final de PACCCH es la construcción de una línea base de REDD+ para reducir las emisiones de los bosques y selvas por medio de la conservación, reforestación y restauración de los mismos. Con ello, los proveedores de este servicio ambiental (las comunidades y/o gobiernos que conservan o reforestan sus bosques, por lo pronto) recibirían beneficios financieros de gobiernos y/o empresas extranjeras que compran los bonos de carbonos. El objetivo es captar los recursos que los países emisores de GEI han destinado para compensar su contaminación global. Por ejemplo, China ha destinado 1 billón de dólares de inversiones en su mercado de carbono (captura de metano y gases industriales, la conversión de desechos a energía). Sin embargo, lo que no dicen es el fracaso de los proyectos de pagos por servicios ambientales que ya se han implementado ni tampoco los montos raquíticos que reciben las comunidades indígenas y campesinas por compensar y paliar a los países en desarrollo la crisis ambiental que han generado

Tampoco se hace referencia a que las inversiones en el mercado de carbono tienen muchas deficiencias e incertidumbres políticas y administrativas. No hay certidumbre ni transparencia en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) cuyos proyectos aprobados muchos ya estaban planeados o en proceso de construcción; que falsedades en las emisiones reportadas y que están obligadas a reducirse; que el precio de la tonelada de CO2 no es rentable; que no están fortalecidas las obligaciones vinculantes en los países emisores; que no hay garantías jurídicas, administrativas o institucionales en los países sumideros para implementar el mecanismo de REDD. Faltan mecanismos confiables de medición y, sobre todo, para el sector privado que busca cómo obtener más ganancias de la crisis climática, reclaman burocratismos y rechazan todos aquellos instrumentos o medidas que no les faciliten la rápida y fácil ganancia. *2